El Gobierno de Ecuador considera la comunicación un derecho y veta una reforma legal

El Ejecutivo de Ecuador entregó hoy sendos documentos para reformar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre, uno de los cuales considera la comunicación como un derecho y no solo un servicio, informaron las autoridades.

“Se ha decidido enviar el día de hoy un proyecto reformatorio exclusivo para el artículo número 5, en el marco de que la comunicación es un derecho”, explicó hoy el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, en una rueda de prensa en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, donde se reunió el gabinete ministerial.

Aclaró que la reforma a este concepto partió de “una omisión por parte de la Asamblea sobre el envío del proyecto inicial del presidente de la República, Lenín Moreno”, y que presumiblemente ya recogía el extremo de que la comunicación es además un derecho.

La cuestión deberá ser analizada nuevamente en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea y posteriormente por el pleno, antes de regresar a la consideración presidencial, trámite que podría prolongarse varios meses.

El otro documento remitido por el Gobierno a la Asamblea veta parcialmente el proyecto de ley ratificado por la Cámara legislativa el 18 de diciembre e incluye 26 nuevas reformas.

Entre ellas figuran, según mencionó Michelena y se desprende del documento oficial facilitado por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), el veto a una disposición transitoria relativa a la concesión de frecuencias radiofónicas, punto que levantaba ampollas entre las emisoras comunitarias que exigían mayor equidad.

Así, el Ejecutivo ha propuesto que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, inicie las bases de un nuevo proceso de licitación para títulos habilitantes de las frecuencias, algo que según estimó no debería tardar más de 90 días.

También recoge la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y “todas las instancias, instrumentos y mecanismos que quitan libertad de expresión a la LOC”.

El documento veta igualmente otra disposición transitoria relativa a la limitación del servicio publicitario, que Michelena justificó citando un análisis en el seno del Gobierno, a la luz de las nuevas perspectivas comerciales del país con organismos e instancias internacionales.

Incorpora por otra parte una propuesta que “va a permitir recuperar las reformas que sean necesarias en los temas culturales, de publicidad, producción y fomento cultural”.

En relación a los medios públicos, el alto funcionario subrayó que “deben estar financiados independientemente y tener un manejo editorial independiente”, por lo que se ha dado un plazo no superior a 120 días para que se envíe un proyecto de ley sobre la cuestión.

Habló además de un proceso de disolución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la exención de multas no pagadas por casos en los que se hayan violentado los derechos de los medios, así como la devolución de aquellas pagadas en similares circunstancias.

El año pasado, el presidente Moreno emprendió el análisis de la LOC aprobada por su antecesor, Rafael Correa, en 2013 y que era considerada por los medios como una ley mordaza, a fin de equipararla con los estándares internacionales sobre libertad de prensa y expresión.