Organizaciones de periodistas piden que se den frecuencias a medios comunitarios sin ánimo de lucro

La Red de Medios Comunitarios (ReMC), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han pedido al nuevo Gobierno que cumpla la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) y se otorguen frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.

Representantes de estas tres organizaciones han registrado hoy su solicitud a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y al secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco Polo, a quienes han reclamado que “se acabe inmediatamente” con el bloqueo para acceder a licencias de emisión.

Una situación que perjudica a más de cinco mil personas, según ha explicado a Efe, el portavoz de ReMC, Javier García, que ha señalado que la LGCA fijaba que se tenía que hacer una reserva en el espectro radioeléctrico para estos medios sin ánimo de lucro“ que nunca se cumplió” y establecía unas medidas para fomentar ese sector.

Sin embargo, ha añadido García, estas radios y televisiones han ido desarrollándose “al margen de la ley porque nunca se les ha dado la posibilidad de acceder a frecuencias”.

Ha recordado además que el año pasado el Congreso aprobó una proposición no de ley en la que instaban al Ejecutivo a ejecutar la LGCA y planificar licencias para estas radios y televisiones, además de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga a España por haber excluido a las televisiones comunitarias del reparto de licencias de la TDT.

En la misiva, las organizaciones piden al Gobierno que cambie “la actitud que ha mantenido hasta ahora” y que la gestión del espectro radioeléctrico se ajuste a la realidad porque, sostienen, “sí hay espacio para los medios comunitarios en el dial”.

En declaraciones a Efe, el secretario general de la FesP, Agustín Yanel, ha reclamado que su cumpla la legislación porque, además de que no supone “coste económico alguno” y no afecta a los presupuestos del Estado, es “beneficioso” para todo el sector ya que recorta el espacio a las emisiones pirata que hacen competencia desleal a otros operadore.