Los consumidores rechazan bonos obligatorios por los servicios no prestados

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) defiende el derecho de los ciudadanos a reclamar la devolución de las cantidades abonadas por servicios no satisfechos y rechaza cualquier intento de convertir en obligatoria la aceptación de bonos para la prestación futura como alternativa a dicho reembolso.

El CCU, órgano consultivo de las administraciones públicas del que forman parte las principales organizaciones de consumidores, ha informado en un comunicado de que ya ha trasladado su postura a la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea.

El Consejo advierte contra la tentación de convertir esos bonos en una solución generalizada para ayudar a las compañías en la crisis, ya que “suponen, en la práctica, un crédito que los consumidores conceden a las empresas de modo gratuito y, en algunos casos (como el del sector de viajes combinados) forzoso”.

Por ello, considera que debe valorarse “muy bien” en qué sectores pueden ser de aplicación y, en todo caso, destaca que su aceptación por parte de los clientes ha de ser voluntaria, tras recibir la debida información sobre los derechos que les asisten.

En cuanto a los vuelos ya abonados, pero no realizables, el Consejo valora que las decisiones de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) sean vinculantes para las compañías aéreas y recuerda a los usuarios que someterse a esta instancia administrativa no impide su derecho “irrenunciable” a acudir a la vía judicial.

Solicita la adopción de medidas para garantizar el derecho al reembolso de los pasajeros, que la normativa comunitaria prevé en el plazo de siete días en supuestos de vuelos cancelados.

Asimismo, el CCU muestra su preocupación por el escaso nivel de solicitudes y aceptaciones de las moratorias hipotecarias (los bancos han rechazado entre el 70 y 80% de las solicitudes), debido a que los requisitos para dicha solicitud son “demasiado restrictivos” y pide que se revisen.

Por otra parte, las asociaciones de consumidores se muestran favorables al mantenimiento de las rebajas en el comercio físico, “sin menoscabo de las medidas de seguridad que puedan adoptarse”, por considerar que lo contrario supondría un agravio comparativo para muchos pequeños y medianos establecimientos que no pueden ofrecer los descuentos 'online'.