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De Rosendo a Alejandro Sanz: más de un centenar de músicos pide que se devuelva lo defraudado en la SGAE

El músico madrileño Rosendo, uno de los referentes más importantes del rock español

elDiarioes Cultura

Más de un centenar de músicos españoles han firmado un manifiesto en el que aseguran ser “víctimas” y  haber sido “perjudicados” por “las prácticas presuntamente ilícitas” llevadas a cabo por la Sociedad General de Autores (SGAE) a través de la trama conocida como “la rueda”, un fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión.

Entre los músicos  figuran Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Antonio Orozco, Amaral, Bebe, Dani Martín, Marta Sánchez, Melendi, Pablo Alborán, Juanes, Rosario Flores, Rosana, Kiko Veneno, Malú, Alex Ubago, Antonio Carmona, Rosendo, Boikot o Reincidentes, Santiago Auserón, Siniestro Total, Ilegales, Fran Nixon, Izal o Love of Lesbian.

Según un comunicado de la Coalición Autoral en la que se han agrupado estos músicos, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido a reunirse con ellos en breve. Fuentes del ministerio han confirmado a la agencia EFE que esta reunión se llevará a cabo, aunque todavía no se ha fijado una fecha para el encuentro.

Tras la operación contra el fraude de derechos de autor llevada a cabo el pasado mes de junio por la Policía Nacional que acabó con la detención de una veintena de personas, los músicos aseguran que a consecuencia de esas actuaciones han visto “mermados” tanto sus beneficios como sus derechos.

En el manifiesto precisan que esas prácticas “en ningún caso” afectan “a la generalidad de los autores, cuya imagen no se debe en absoluto desprestigiar” y piden que se lleve a cabo “una profunda reforma” de la SGAE bajo el amparo del Ministerio de Cultura.

Una reforma que, a su juicio, debe tener como objetivos la “regeneración ética” de la misma, la “plena transparencia de la gestión y divulgación” entre sus socios, la “atribución equitativa y proporcional de los derechos acorde con las aportaciones de cada autor y la ”profesionalidad“ en la gestión.

Para ello, los firmantes creen necesaria la modificación de los actuales Estatutos de la sociedad, “cuya nueva redacción debería contemplar medidas encaminadas a reconducir la actual situación y evitar que se repitan los problemas que ésta ha sufrido en el pasado”.

Entre ellas figuran la posibilidad de que los miembros de la Junta Directiva puedan conceder su representación en la misma a un representante legal, el establecimiento de importes fijos relativos a dietas, que impidan el uso de éstas como sobresueldos, y la plena transparencia de las retribuciones y repartos relativos a los derechos.

Además, proponen reformar el sistema de funcionamiento de los órganos de gobierno de la SGAE y el de representación, facilitando el derecho a voto a un mayor número de socios.

También piden una auditoría de la sociedad que ofrezca publicidad y claridad en las cuentas, permitiendo la intervención de las autoridades para evitar el uso de la misma como instrumento fraudulento.

“La intencionalidad de estas medidas reside en la consecución de una SGAE que pueda adaptarse a la realidad actual y a la sociedad digital, previniendo conductas ilícitas, en beneficio de los autores”, señala el manifiesto.

Los músicos solicitan que se exijan responsabilidades a quienes hayan incurrido en delito, así como la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas a las que se hace referencia en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid, y que la Justicia actúe rápido y de forma eficiente.

Este comunicado se hace público un día después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesara a Teddy Bautista y otras 10 personas en la pieza principal del caso SGAE, acusados de de pertenencia a asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

El juez considera que construyeron un entramado con el fin de desviar millones de euros de la SGAE a empresas controladas por los acusados que supuestamente daban servicio de proyectos tecnológicos, cuyos presupuestos estaban inflados y que en ocasiones nunca llegaron a llevarse a cabo.

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