Arte, corrupción y PP valenciano: un culebrón llamado Consuelo Císcar
Consuelo Císcar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), estuvo en la cresta de la ola. Y, como en las películas americanas, ha vivido el clásico esquema de ascenso y caída. Ahora está quizá en el punto más bajo de ese ciclo tras ser imputada, junto a cuatro subdirectores del museo y un empresario, por delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por comprar obras de arte con sobrecostes del 1.500%.
La Generalitat, que otrora fue su refugio como Directora General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico al calor del zaplanismo, se ha personado en la causa como administración perjudicada por las preguntas irregularidades en la gestión del IVAM. Según el auto de la juez Nuria Soler, que rechaza las peticiones de archivo solicitadas por el abogado de Císcar, las actuaciones por las que se imputa a la exdirectora y otros cargos “habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo”.
La magistrada considera, con las diligencias practicadas hasta el momento, que “resulta indiciriamente probada la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM”. ¿Por qué motivo? El pago de “importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor”, una práctica que redundaba en “un claro lucro para terceros”.
En junio de 2015 un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión del IVAM entre 2009 y 2013, bajo la dirección de Consuelo Císcar, reflejó diferencias de hasta el 1.520% entre el precio de adquisición de las obras de arte y el valor de mercado. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.
Císcar, miembro del Consell Valencià de Cultura, aún no ha sido llamada a declarar, pero la dirección del IVIMA, del que ahora es directora honorífica, le exige que dimita de esta condición que aún ostenta. Dejar ese puesto, según el museo, solo le compete a ella y su respuesta por el momento es el silencio.
En declaraciones anteriores, tras conocerse el informe de junio, decía considerarse “víctima de una trato inhumano, degradante y vejatorio”, y justificaba en su defensa que todas las decisiones que tomó sobre compra de obras de arte se basaron “en el criterio de la Comisión de Adquisiciones” del museo, y fueron “vigiladas por una auditoría externa”.
Matrimonios cercados por la justica
Consuelo Císcar forma con Rafael Blasco uno de esos matrimonios de los horrores cercados por la justicia. La gestión de ella al frente del museo entre 2009 y 2013 está bajo sospecha. Tanto, que en abril 2014, ya con su marido en prisión por robar ayudas de la Generalitat destinados a países en vías de desarrollo, fue destituida como directora del IVIMA. Dirigía el museo desde 2004, cuando fue nombrada por Francisco Camps.
El exconseller Rafael Blasco, también de la etapa de Camps, cumple una condena de seis años y medio en la cárcel de Picassent por desviar fondos de solidaridad a la compra de inmuebles en Valencia. Solo el 3% del dinero (47.953 euros) que debía haber ido a parar a una ONG nicaraguense llegó a su destino. El resto, más un millón de euros, fue invertido por Blasco y otros tres condenados en la adquisición de inmuebles en la capital valenciana.
El Blasco-Císcar no es el único matrimonio célebre del PP valenciano apuntado por el índice de la justicia. Ayer mismo, María José Alcón exconcejal y exasesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia, fue detenida en la Operación Taula como sospechosa de haberse beneficiado de la supuesta trama montada para cobrar comisiones de adjudicaciones públicas. Ya tenía otra causa abierta por fraude fiscal.
María José Alcón es esposa de Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia. Grau, hombre de confianza de Barberá, es uno de los acusados en el caso Nóos. Iñaki Urdangarin se llevó 3,6 millones de euros de la administración valenciana por la organización de varios congresos deportivos –Valencia Summit- que sólo costaron 910.000.
La sombra de la corrupción, tras 20 años con un gobierno popular en la Generalitat, es muy alargada. En las últimas semanas, un buen número de asuntos presuntamente turbios, han puesto todos los ojos sobre Valencia: el caso Nóos, la investigación por la fórmula 1, el caso Acuamed... Y ahora la operación Taula.
