Lassalle asegura que las nuevas normas antipiratería “darán beneficios a los creadores”

Tras varias semanas de protestas de sectores del mundo de la cultura a esta norma, conocida como “ley Lassalle”, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual fue aprobada el pasado 30 de octubre en el Congreso de los Diputados y entrará en vigor el próximo 1 de enero.

“Respeto las críticas, forman parte de la dinámica de elaboración de una ley compleja, que ha requerido establecer un punto de equilibrio de intereses complejos, y que evidentemente provoca tensiones”, ha explicado hoy en una entrevista el secretario de Estado de Cultura José María Lassalle, que ha inaugurado el I Encuentro Sobre Canciones Políticas, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

A su juicio, las normas contra la piratería que incluye la reforma de la LPI y que establecen multas de hasta 600.000 euros para las web que tengan como principal actividad facilitar de manera masiva la localización de contenidos piratas, suponen “un avance extraordinariamente importante”.

Un problema de pasividad

“España ha tenido un problema de vulneración de los derechos de propiedad intelectual por pasividad de los legisladores anteriores y, por primera vez, hemos conseguido unos instrumentos contra la piratería y un marco de seguridad jurídica que espero que, con el tiempo, vaya dando provecho y beneficio a los creadores”. Este marco de seguridad jurídica se amplía al ámbito de la copia en internet, que antes no existía, ya que “estaba localizada en la copia analógica”.

Además, el sector cultural se “beneficiará” de un nuevo marco de fijación de tarifas “en términos de transparencia”, de forma que los usuarios “tendrán un conocimiento de las tarifas que tendrán que pagar en función del repertorio del que hacen uso”. En este sentido, Lassalle ha destacado que los propios creadores “tienen interés en que los usuarios encuentren cauces de negociación y arbitraje que permitan resolver los conflictos que han existido históricamente en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual”.

La ley regula también un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago por parte de los usuarios de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, el secretario de Estado ha resaltado los “mecanismos de control de cuentas y fiscalización del funcionamiento de entidades de gestión que antes no existía”, y “la posibilidad de que los propios creadores fiscalicen a sus órganos gestores en las entidades de gestión colectiva de los derechos”.

Cuenta atrás: un año

La nueva LPI establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. El secretario de Estado de Cultura asume las críticas generadas dentro de su “responsabilidad” de escuchar a “quienes consideran que los intereses legítimos que defiende no se encuentran recogidos en un texto legal”.

“Una sociedad que es capaz de canalizar la crítica e incorporarla como un elemento formante y conformante es una sociedad abierta y capaz de participar de la dinámica de una democracia”, ha concluido.