Procuraduría alerta que legalizar casinos en Brasil facilita lavado de dinero

La Procuraduría General de la República de Brasil alertó este viernes que un proyecto de ley que está en discusión en el Senado y que prevé la legalización de los casinos y de otros juegos de azar en el país terminará facilitando el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros crímenes.

El Ministerio Público, en una notificación que envió al Senado, alertó que el proyecto de ley en discusión no prevé mecanismos eficaces de fiscalización, por lo que “puede facilitar el uso de la actividad para el lavado de dinero y la práctica de otros crímenes”.

La Procuraduría, por lo mismo, recomienda que el Congreso rechace el proyecto de ley en discusión desde 2014 en el Legislativo y que fue presentado por el senador Ciro Nogueira, uno de los dirigentes del derechista Partido Progresistas (PP).

Según la entidad, la iniciativa está en la pauta de votación del pleno del Senado, por lo que puede ser tratada en cualquier momento.

Para el organismo fiscalizador, el proyecto propuesto por Nogueira “no crea mecanismos de control efectivo de lavado de dinero y de evasión fiscal. Por el contrario, crea nuevos y poderosos mecanismos para el lavado de dinero”.

La entidad recordó que la explotación de juegos de azar está históricamente vinculada en Brasil a varias prácticas ilícitas y que su legalización tan sólo “atiende el deseo de los criminales”.

La Procuraduría igualmente tilda como “ficticios” los cálculos presentados por el proyecto y según los cuales la legalización de los casinos puede generar miles de nuevos empleos e ingresos fiscales para el Estado por cerca de 15.000 millones de reales (unos 2.830 millones de dólares) anuales.

Según el Ministerio Público, cuando fueron convocados a discutir el asunto, los responsables de los principales órganos de regulación del sector, como el Consejo de Control de Actividades Financieras y el Fisco, admitieron que no tenían condiciones para fiscalizar el funcionamiento de los casinos.

Los organismos de fiscalización, agrega la notificación, alertaron que Brasil “no está preparado para reducir los riesgos de la actividad ni realizar un efectivo control sobre la misma”.

“Los argumentos de que la legalización generaría beneficios financieros, como aumento de recaudación de impuestos o fomento al turismo, no son suficientes para motivar la aprobación de la propuesta. Es necesario evaluar datos cuantitativos y sociales, incluso los posibles daños económicos y psíquicos a las personas que juegan”, agrega el texto.

Los juegos de azar están prohibidos en Brasil desde la promulgación en 1946 de un decreto del entonces presidente Eurico Gaspar Dutra, que los consideró una práctica contraria a la “tradición moral, jurídica y religiosa del pueblo brasileño”.

Los únicos juegos legales en el país son las loterías, que son monopolio del Estado, con excepción de un sistema de apuestas de tipo “raspe y gane” que fue privatizado el año pasado y cuya operación se la adjudicó un consorcio integrado por dos gigantes mundiales del sector, la italiana IGT y la estadounidense SGI.

Pese a que una ley de 1993 legalizó los bingos, con parte de su recaudación destinada al deporte, la norma fue revocada por el Gobierno en 2004 tras un escándalo de corrupción que mostró la participación de mafias en su funcionamiento.

Tres años después la Corte Suprema consideró ilegales los bingos en Brasil.