Un canon digital gravoso para el Estado ya desde sus inicios
El 30 de diciembre de 2011 en el segundo Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, se aprobó la creación de la llamada Comisión Sinde, así como la derogación del canon digital. No obstante, al día siguiente, el BOE recogía el Real Decreto Ley 20/2011 por el que eran establecidas una serie de medidas urgentes en materia presupuestaria.
Entre dichas medidas para corregir el déficit público se estableció la Disposición Adicional Décima de ese Real Decreto Ley por el cual el canon digital pasaba a cargarse en los presupuestos generales del Estado. Este es quizá el aspecto del canon sobre el que más han incidido buena parte de los medios de comunicación cuando han hablado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
No obstante, el abogado Javier de la Cueva, especializado en Derecho en Internet y propiedad intelectual, sostiene que no fue este Real Decreto lo que de la noche a la mañana hizo que el canon digital recayera sobre los hombros de toda la población contribuyente en España, hiciera copias o no.
“A quienes más protestaban porque el canon se pagaba [de los Presupuestos Generales] del Estado, habría que decirle: 'pero ¿tú de dónde creías que salía antes la pasta?'”, así de contundente se expresa De la Cueva cuando afirma a eldiario.es que “es importante señalar que el canon anterior al 1 de enero de 2012 no puede reclamarse, por lo que es el propio Estado el que blinda lo que las entidades de gestión cobraron hasta dicha fecha”.
Esto, consignado en su día en el BOE, tiene una explicación adicional, desgranada por De la Cueva en su artículo para El Profesional de la Información, además de constituir uno de los ejes fundamentales de su tesis doctoral: “La tardanza en adaptar nuestra legislación a la sentencia del caso Padawan (21 de octubre de 2010) fecha de la sentencia hasta el Real Decreto 20/2011 del 30 de diciembre tuvo un efecto directo en los ingresos de las entidades de gestión, ya que les permitió ingresar por este concepto 63.935.502,92 euros más”.
“El canon afecta a todos los sectores”
Pero además este abogado explica con un sencillo ejemplo cómo el canon digital que se aplicó antes de la pasada legislatura fue gravoso para el propio Estado: “Aunque no se sabía ni se notaba, el que más canon pagaba era el Estado porque, ¿dónde se encuentran la mayoría de fotocopiadoras por ejemplo?”, decía refiriéndose a los ministerios y otros organismos e instituciones públicas.
Esta posición de De la Cueva es muy anterior a la Ley Sinde, la sentencia del caso Padawan y el nuevo canon del actual Gobierno en funciones. En un escrito de petición de amparo dirigido a la ministra de Cultura del Partido Popular entonces, no dudó en exponer en el sexto punto de ese documento que “el canon afecta a todos los sectores y que el principal deudor y perjudicado por el mismo es el propio Estado”. En el siguiente punto consignó que “el gravamen” supone “una tasa sobre el sistema de registro de la sociedad del siglo XXI. Equivaldría a un canon sobre el papel en el siglo XX”.
De la Cueva asegura que su petición cayó en saco roto y que la ministra de Cultura por aquel entonces “no le hizo ni caso”. Corrió una suerte parecida después de ganar el PSOE las elecciones generales de 2004. El letrado interpuso entonces una demanda contra el canon porque el mismo se aplicaba a las actas judiciales que venían contenidas en un CD. Esa demanda se fundaba entonces en que “el fundamento último del canon es indiscriminatorio” ya que, de nuevo, “se imponía un gravamen al papel del siglo XXI en favor de unas asociaciones privadas”.
También se denegó la petición de la Junta de Delegados de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid para exención del material escolar, es decir, “la Junta venía a decir 'oiga yo tengo que hacer mis deberes, tengo que ponerlos en un CD y por qué tengo que pagar un canon a la SGAE'”, recuerda De la Cueva.
