La SGAE exige que la Justicia resuelva, tras cinco años, su caso

La SGAE ha exigido hoy que la Justicia “resuelva con la máxima celeridad” el caso derivado de la operación SAGA, iniciada el 1 de julio de 2011, y que conllevó la detención del entonces responsable de la misma, Eduardo “Teddy” Bautista, acusado de desvío de fondos en la filial digital de esa entidad.

“Tras más de cinco años del inicio de la denominada operación SAGA, esta entidad sigue pendiente de la decisión que adopte el juez que investiga la causa”, señala en una nota la SGAE a propósito del archivo de la causa, por un caso diferente, contra Bautista, Caco Senante, Ricardo Azcoaga y Enrique Gómez Piñeiro.

La resolución del caso SAGA, precisan, permitiría “recuperar, de cara al exterior, la normalidad que existe dentro de la casa y consolidar la gestión que la nueva dirección de la SGAE viene desarrollando”.

El pasado viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo público el auto de sobreseimiento de la causa abierta por supuestos pagos irregulares contra el expresidente del consejo de dirección de la SGAE, Eduardo Bautista; el ex director financiero Ricardo Azcoaga; el director general, Enrique Gómez Piñeiro; y el exmiembro de la Junta Directiva, Caco Senante.

El Tribunal, explica en su comunicado la SGAE, entendió que no existían “indicios de hechos constitutivos de delito”, por lo que procedía declarar el sobreseimiento del procedimiento, contra el que no cabe recurso.

La entidad “quiere evidenciar que el auto confirma una vez más la postura adoptada por los órganos de gobierno previo informe de los servicios jurídicos”.

“Estos, al igual que ocurrió en con el archivo de la causa contra Ramón J Márquez y otros exdirectivos de la SGAE, con acertado criterio, recomendaron a los órganos de gobierno de la entidad no personarse como acusación particular en esta causa, convencidos de que no existió ilegalidad alguna en las decisiones adoptadas”, añaden.

El juez José de la Mata decretó el pasado mes de junio la apertura de juicio oral para Senante, Bautista, Azcoaga y Gómez Piñeiro por supuestos pagos irregulares en la causa en la que la Fiscalía Anticorrupción pidió para cada uno de ellos dos años y medio de cárcel.

Se trataba del pago supuestamente ilegal de 30.354 euros por parte de la SGAE a Senante y por la compra de un timple canario por 20.000 euros cuando su valor era de 3.270 euros y sin que ello fuera autorizado por el Consejo de la entidad de gestión de derechos de autor.