Brasil detiene al vicepresidente de Facebook en Latinoamérica por negarse a proporcionar datos de un usuario WhatsApp
Diego Dzodan es el vicepresidente de Facebook en América Latina y, desde el martes, un presunto criminal. La policía federal brasileña lo detuvo por la mañana en Garulhos, una localidad cercana a Sao Paulo. Según las autoridades, el alto ejecutivo se habría negado a proporcionar información sobre un usuario de WhatsApp implicado en un caso de tráfico de drogas. ¿Les recuerda a algo? Han acertado: Tim Cook y su rotundo “no” al gobierno de los EEUU, pero un poco más al sur. Marcel Maia, el juez que instruye la causa brasileña ha ordenado el arresto de Dzodan por “obstruir la investigación policial”.
No es ningún secreto que el Big Data es el nuevo oro. Tampoco que las grandes compañías comercian con esos datos y que luego son vendidos al mejor postor. Como reza la máxima, “la información es poder”. Siempre lo ha sido, y en la era de Internet lo es más. Apenas dos semanas después del caso Apple el incidente se repite, pero esta vez en un país y en una compañía diferentes: gobierno-demanda-información que empresa-rehusa-regalar. Cambian los actores pero no el guion.
WhatsApp pertenece a Facebook desde hace dos años. Mark Zuckerberg se gastó 19.000 millones de dólares en la operación y desde entonces, comparten los pingües beneficios. Y es que así como ganancias, ahora también comparten sentencias de tribunales. Los de Brasil ordenaron a WhatsApp hace más de un mes que revelase unos mensajes relacionados con un sospechoso por tráfico de drogas. Según la orden judicial, han sido tres las ocasiones en las que la empresa de mensajería instantánea se ha negado. En las dos primeras, el juez impuso dos multas a la compañía: una por valor de 50.000 reales (11.760 euros) y después, una sanción diaria de un millón de reales (235.250.000 euros). La tercera vez ha sido la orden de arresto contra su representante en América Latina, Diego Dzodan. Desde este diario nos hemos intentado poner en contacto con la Embajada de Brasil en España sin éxito.
Precedentes de WhatsApp en Brasil
WhatsApp cuenta en un comunicado enviado al diario brasileño EXTRA que no puede proporcionar la información que el gobierno de Brasil demanda porque esta no se almacena en los servidores de la compañía. Han calificado el movimiento del gobierno brasileño como un “paso extremo”, aunque aseguran respetar “el importante trabajo del cumplimiento de la ley” a la par que se muestran “fuertemente en desacuerdo con la decisión”. Facebook va en la misma línea que su empresa subsidiaria y asegura que la medida es “extrema y desproporcionada”.
No es la primera vez que WhatsApp tiene problemas en Brasil. En diciembre del año pasado el servicio estuvo bloqueado durante 13 horas ya que la empresa estadounidense se volvió a negar a proporcionar datos al gobierno brasileño sobre un usuario. Aunque el juez pidió en primera instancia un bloqueo de 48 horas, otro magistrado levantó la orden antes de ese plazo. El propio Mark Zuckerberg colgó un comunicado en su Facebook lamentándose sobre el asunto y asegurando que era “un día triste para el país”.
Anteriormente, un juez ya intentó bloquear en febrero de 2015 el servicio de WhatsApp en Brasil, pero la sentencia no fue efectiva al ser anulada por otro magistrado. Ahora, la noticia sobre el arresto de Dzodan llega en pleno debate sobre la privacidad de los usuarios.
Gobiernos que demandan información privada
El de hoy, unido al caso del iPhone de San Bernardino, ha sido el último ejemplo de esa angosta relación que se establece entre privacidad de los usuarios, compañías y gobiernos. Tim Cook, el CEO de Apple, negó de forma rotunda al FBI garantizar el acceso al móvil del terrorista que mató a 14 personas en California. Sin embargo, no es la primera vez que tanto la compañía de la manzana mordida como otras empresas tecnológicas se ven en la tesitura de tener que elegir entre el usuario o la ley.
Amparándose en una ley de 1789 -la All Writs Act-, el FBI habría querido tener acceso hasta a 12 móviles más aparte del de San Bernardino. El que Edward Snowden ha calificado como “el caso tecnológico de la década” amenaza con sentar un precedente peligroso. En Brasil ya han detenido al vicepresidente de Facebook por negarse a proporcionar datos de un usuario de WhatsApp. En España, sin embargo, la situación no es tan apocalíptica. El artículo 18.3 de la Constitución y el 36 de la Ley General de Telecomunicaciones regulan el secreto de las comunicaciones y contemplan que en determinados casos como terrorismo o cuando haya una orden judicial de por medio, se pueda imponer a una compañía que proporcione al gobierno los procedimientos de cifrado utilizados en los mensajes.
En octubre del año pasado Max Schrems dibujó el camino. El abogado austriaco, de 27 años, ganó una causa contra Facebook por vulnerar las reglas europeas de protección de datos. Como consecuencia, el acuerdo de transferencia de datos entre EEUU y la UE fue anulado. Hasta entonces, empresas como Google, Apple, Twitter o Microsoft podían enviar sus datos de ciudadanos europeos a empresas o instituciones estadounidenses. Si bien el propio Schrems aseguró que la transferencia de datos entre los dos continentes no terminará hasta que la Comisión Europea ponga en marcha un sistema más apropiado, las bases están puestas.
