Un hacker ruso alega “intereses espurios” de EEUU para oponerse a su extradición

El presunto pirata informático ruso Stanislav Lísov, detenido en enero pasado en Barcelona, se opuso hoy a ser entregado a EEUU por los “intereses espurios” de las autoridades norteamericanas en vista de la “partida de ajedrez” que están jugando los gobiernos de Moscú y Washington.

Así lo expresó el abogado del ruso en la vista de extradición celebrada hoy en la Audiencia Nacional, una entrega con la que la Fiscalía española está de acuerdo al entender que no hay motivos jurídicos ni de cariz político para oponerse.

EEUU pide la extradición de Lísov al considerarle responsable de delitos de daños informáticos penados en ese país con hasta 25 años de prisión, como sospechoso de desarrollar, distribuir y utilizar, junto a otras personas, el software malicioso NeverQuest.

Con este “malware” conocido como “troyano bancario”, Lísov y el resto de integrantes de su red habrían defraudado 855.000 dólares a instituciones financieras, según afirma la Fiscalía española en su escrito accediendo a la entrega, al que ha tenido acceso Efe.

Los argumentos de Lísov en contra de su extradición se centraron en que la orden de arresto cursada contra él por EEUU fue ilegal y se hizo, según el abogado, “ad hoc” en vista de que estaba en España, mientras que la fiscal aseguró que estaba vigente desde agosto de 2016.

“Hay una situación que se está repitiendo de órdenes inconcretas basadas siempre sobre informáticos rusos que estaban de viaje (...) que son de buena fe extraditados a Estados Unidos”, denunció el letrado.

Para el abogado, se basan en la “partida de ajedrez” de los gobiernos ruso y estadounidense en la que “determinados científicos son detenidos y enviados a Estados Unidos para luego ser sometidos a unos procesos judiciales en los que se ha dado el caso de que quedan en una especie de libertad condicional con la única finalidad de que empiecen a trabajar para organismos, concretamente la CIA y el FBI”.

Según el letrado de Lísov, hay “indicios suficientes” de que su orden de arresto “ilegal” “no responde a un delito, sino a otros intereses espurios que esta parte nunca podrá acreditar”.

Recientemente, Lísov pidió ayuda en una carta al presidente Vladimir Putin divulgada por un medio de comunicación ruso: “Le pido encarecidamente que intervenga en mi situación, en la injusticia y la arbitrariedad de Estados Unidos hacia un ciudadano ruso. Esta carta es mi última esperanza”, escribía al mandatario.

En su declaración hoy ante el tribunal, el presunto “hacker” no se refirió directamente a estos aspectos políticos de su extradición, sino que se limitó, a preguntas de su abogado, a explicar que él trabajaba para una empresa privada que hacía proyectos conjuntos con el Gobierno ruso.

También afirmó, para apoyar la tesis de la orden de arresto nula, que en una ocasión solicitó el visado para EEUU pero se lo denegaron sin informarle de que pesaba sobre él dicha orden de detención.

Los hechos por los que EEUU pide la extradición de Lísov son constitutivos de los delitos de conspiración para piratear computadoras (penado con hasta 5 años de prisión) y de conspiración para cometer fraude de transmisión electrónica (hasta 20 años), que en el Código Penal español encontrarían su encaje en un delito de daños informáticos.

Según los investigadores, se analizaron servidores alquilados por Lísov en Francia y Alemania y uno de ellos contenía archivos con millones de credenciales de datos de acceso, incluidos los nombres de los usuarios, contraseñas y preguntas y respuestas de seguridad para cuentas de sitios web bancarios y financieros.

Este ciudadano ruso fue detenido el 13 de enero en el aeropuerto en el momento en que se disponía a abandonar España en un vuelo con destino a otro país de la Unión Europea.