Telemadrid afronta una polémica reforma de la ley

Madrid, 7 jul (EFE).- La primera ley que debatirá el pleno de la Asamblea de Madrid en la Legislatura XII, este jueves 9 de julio, será la proposición del PP para reformar la norma que regula Telemadrid, una modificación que ha generado las críticas en bloque por parte de la izquierda, que acusa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con el control de la cadena pública.

Después de que la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, exigiera el cierre de la cadena pública durante el debate de investidura de Ayuso, la primera iniciativa legislativa que registró el PP en esta legislatura fue la reforma de la ley de Telemadrid de 2015, que se tramitará por el procedimiento de lectura única.

Esto supone una vía de urgencia que acorta los plazos de tramitación, elimina el debate en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

El PP defiende que el objetivo es que Telemadrid funcione con “independencia, neutralidad y objetividad”, y que se eliminen “serias disfuncionalidades y rigideces en los procedimientos” que hay en la ley vigente de 2015, aprobada bajo el mandato de Cristina Cifuentes.

Pero los partidos de la izquierda ven un intento de control por parte del Gobierno regional para convertir a la cadena pública en 'teleayuso' y cesar a la dirección actual.

Tanto el grupo parlamentario socialista como Más Madrid han planteado la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad, mientras que asociaciones de periodistas, sindicatos y partidos han elaborado el manifiesto 'En defensa de Radio Televisión Madrid y la libertad de información', en rechazo a la modificación de la ley.

Vox ha avanzado que su voto no será favorable al cambio legislativo al no atender a sus exigencias pero no se opondrá a su tramitación, aunque insiste en el cierre de la cadena autonómica si no cumple con sus objetivos, como ser “neutral” y “austera”.

Al PP le basta con esta abstención de Vox (con 13 diputados) para que la reforma salga adelante por mayoría simple, ya que cuenta con 65 escaños en la Asamblea, a cuatro de la mayoría absoluta, muy por encima de los 58 que suman los partidos de izquierda.

LOS CHOQUES ENTRE EL GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN

La cadena pública autonómica ha recuperado los datos de audiencia de hace una década y cerró el pasado ejercicio 2020 con un superávit en sus cuentas de 4,61 millones de euros, pero los choques entre el Gobierno de Díaz Ayuso y la dirección, encabezada por su director general, José Pablo López, han sido frecuentes.

La falta de interlocución y los desencuentros se remontan al inicio de la anterior legislatura, cuando Ayuso afirmó en una entrevista que era “la única presidenta autonómica y del Gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica”.

La dirección de Telemadrid llegó incluso a denunciar “una campaña de descrédito” emprendida desde “diversos sectores”, mientras que desde la Puerta del Sol se han quejado en reiteradas ocasiones del trato recibido por el medio público.

El último choque se produjo por la toma de posesión de Ayuso como presidenta madrileña en la Real Casa de Correos el 19 de junio, cuando se prescindió de los servicios de Telemadrid para la producción y realización de la señal institucional, al igual que ocurrió con los actos del Dos de Mayo, lo que motivó las críticas del Consejo de Administración de la cadena.

LA REFORMA DE 2015: CUANDO PP DEFENDÍA LA LEY Y LA IZQUIERDA LA CRITICABA

En 2015, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el proyecto de ley del Gobierno de Cristina Cifuentes para reformar la norma que regula Telemadrid, con los votos a favor de PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE-M y Podemos, que denunciaron un intento de “politización” de la cadena pública.

La encargada de defender la ley en la comisión de control de Telemadrid por parte del PP fue la propia Ayuso, quien consideró la reforma como un referente para otros medios públicos en España al suponer el fin del “partidismo”.

“Les da miedo porque no lo pueden controlar, pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco”, dijo Ayuso en su día en el pleno a los diputados de PSOE-M y de Podemos en referencia a la composición del consejo de administración.

Con la ley, este órgano pasó de siete a nueve miembros, nombrados por una mayoría de la Asamblea de dos tercios: cinco de ellos elegidos por organizaciones profesionales y sociales y los cuatro restantes por los grupos parlamentarios-.

El mandato de los consejeros fijado en la ley de 2015 es de seis años, al igual que el del director general, que será nombrado por una mayoría cualificada de la Cámara, a propuesta del consejo de administración “entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional seleccionadas en convocatoria pública”.

El texto también contemplaba la creación de un consejo de redacción compuesto por cinco miembros elegidos de forma aleatoria por el consejo de administración; un consejo asesor formado por 17 miembros de distintos ámbitos de la sociedad; y una oficina de participación del espectador y radioyente.

Además, el ente público y las dos sociedades anónimas se disolvieron para dar paso a una sola sociedad, cuya junta general de accionistas está constituida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

LA REFORMA DE 2021: MANDATO DE CUATRO AÑOS Y LA CREACIÓN DE LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR PROVISIONAL

En esta ocasión, será el grupo parlamentario del PP quien lleve la reforma de la ley de la cadena pública al pleno de la Asamblea, en lugar del Gobierno, como ocurrió en 2015.

Con la reforma de 2021, el PP propone que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015.

Esto conllevaría la salida de José Pablo López de la dirección, que inició su mandato en 2017 hasta 2023.

El modo de elección del director general no varía, ya que debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea tras un concurso público de méritos.

Pero si llegada la fecha de la finalización de su mandato no se hubiera podido completar su nombramiento, el Gobierno nombrará un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional.

Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.

Además, plantean que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos parlamentarios como “mejor garantía de la independencia, neutralidad y objetividad de la televisión pública madrileña”, en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.

Según el PP, las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación continuarán estando presentes en la televisión madrileña a través de su Consejo Asesor, mientras que la representación de los trabajadores estará garantizada en el Comité de Empresa.

TELEMADRID CREE QUE LA MOTIVACIÓN ES EL CESE DE LA DIRECCIÓN

El Consejo de Administración y la Dirección General de Telemadrid han propuesto en una misiva a los grupos de la Asamblea que antes de “cualquier modificación” de la ley, se constituya un grupo de trabajo que defina en un documento una serie de actuaciones de cumplimiento “obligado” para el medio.

A su juicio, en el texto de la proposición del PP “no se contempla ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia el uso de los recursos públicos” y tampoco “para garantizar la independencia y la neutralidad de la cadena”.

Según Telemadrid, “el único fin y motivación” de la propuesta “parece” ser “sustituir” al director general “y eliminar competencias del propio Consejo de Administración para transferirlas a un administrador provisional.

Y sostienen que el futuro de RTVM “no puede limitarse a modificar la forma de designación del director general, reducir la vigencia del mandato de quien actualmente ostenta dicho cargo o retirar competencias al propio consejo”.

Esperanza Ronda