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Tribunal de Cuentas ve deficiencias en ayudas de promoción de Cultura en 2017

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EFE

Madrid —

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El Tribunal de Cuentas (TC) ha detectado “deficiencias” en la concesión de subvenciones relacionadas con el fomento de las industrias culturales y mecenazgo en el año 2017 y ha recomendado al Ministerio de Cultura que se refuercen los mecanismos de control interno para gestionar este tipo de ayudas.

Así se refleja en el informe de fiscalización del ejercicio del año 2017 de este tipo de actuaciones por parte del Ministerio de Cultura, en el que se comprueba la “observancia de las previsiones recogidas en la normativa de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de transparencia, en todo lo relacionado con los objetivos de la fiscalización”.

Según esta fiscalización, se han detectado deficiencias e incumplimientos en las transferencias y subvenciones realizadas por la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas (Dgicc) que afectaban tanto a la “concesión como a la justificación de las mismas, como la existencia de gastos no subvencionables, otros que no se corresponden con la actividad subvencionada y la subcontratación del proyecto subvencionado con personas vinculadas sin cumplir los requisitos de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, en cuatro de las ocho líneas de subvenciones gestionadas por la Dgicc en el ejercicio fiscalizado, relativas a las ayudas de acción y promoción cultural y a los programas en el extranjero “Iberex”, “Hispanex” y “Culturex”, “no existían manuales de procedimiento relativos a la concesión de las subvenciones y la comprobación de su aplicación a las finalidades para las que se otorgaron”.

“El Ministerio de Cultura y Deporte” disponía de un sistema integrado de gestión de las becas y subvenciones en el que “no se encontraban incluidas las becas Culturex o Fulbright, cuya tramitación y control se ha realizado manualmente sobre soporte papel”.

En la solicitud, concesión y valoración de las subvenciones se infringieron diversos preceptos de la normativa reguladora de las subvenciones, entre los que el órgano fiscalizador destaca la aprobación del gasto con posterioridad a la resolución de convocatoria; la presentación de una solicitud fuera del plazo previsto, y la obtención, por un mismo beneficiario, de ayudas de manera casi sistemática hasta en ocho convocatorias.

Del mismo modo, el tribunal aprecia retrasos en la aprobación de las resoluciones de concesión superando el plazo previsto en la convocatoria así como “incoherencias no explicadas entre el número de solicitudes presentadas, el total de solicitudes admitidas y excluidas y las reflejadas en las resoluciones de las comisiones de valoración”.

Así las cosas, en su informe recomienda al Ministerio que elabore unos manuales de procedimientos de sus distintas áreas de gestión, definiendo las funciones y responsabilidades de cada unidad, y que la Dgicc refuerce los mecanismos de control haciendo extensible la aplicación de un sistema integral de gestión de subvenciones a todas las ayudas concedidas en concurrencia competitiva.

“Las deficiencias puestas de manifiesto en la gestión de las subvenciones concedidas, y contratos y encomiendas de gestión formalizados deben superarse mediante una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados por la Dgicc”, añade el estudio.

Por otro lado, según el documento, la “ausencia de un procedimiento de control interno adecuado” en la tramitación de los ingresos obtenidos por el Registro de Propiedad Intelectual y la Comisión Propiedad Intelectual ha provocado que en 2017 “no se hubiesen reconocido, ni efectuado ingresos por los servicios de copias en papel o digital de sus archivos, sin que tampoco haya sido posible determinar su importe en la fiscalización a través de pruebas alternativas”.

En función de estos resultados, el informe incluye una serie de recomendaciones al Ministerio de Cultura y Deporte como elaborar manuales de procedimientos actualizados, reforzar los mecanismos de control interno, realizar un estudio de costes adecuado de las actividades gravadas con las tasas que gestiona la Dgicc, o realizar una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados para la gestión de las subvenciones concedidas.

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