La AVL mantiene que su definición de valenciano se ajusta a la ley
La Academia Valenciana de la Lengua (AVL) ha manifestado que la definición de “valenciano” en su Diccionari normatiu “es plenamente conforme con el orenamiento jurídico”, contradiciendo así el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el afirmaba que la definición que admitía la unidad de la lengua con el catalán “no se acomoda” al Estatut d'Autonomia.
Pese a que desde la AVL afirman que el dictamen que les ha remitido la consellera de Educación y Cultura para que se estimen sus recomendaciones “será objeto de estudio”, por otro lado se mantienen firmes en su legalidad afirmando que la definición “deja constancia inequívoca que el valenciano se define como la 'lengua románica hablada en la Comunitat Valenciana' por más que, con una denominación distinta, se comparta con otros territorios de la antigua Corona de Aragón”. Además recuerdan que de este modo consta en el Dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano, aprobado por unanimidad en la reunión plenaria del 9 de febrero del 2005 y publicado en el DOCV del 12 de abril del 2005.
La academia apunta que su autoridad en la lengua está reconocida en el mismo dictamen del CJC, porque “ha dejado rotundamente claro que 'el valenciano es aquello que la Academia Valenciana de la Lengua diga que es'” por sus atribuciones propias. Así, de acuerdo con estas atribuciones, la Academia ha considerado que la definición de valenciano del diccionario sigue los criterios del dictamen de 2005 “que tiene carácter oficial desde ya hace nuevo años y que se trata del mismo concepto, ahora descrito cómo corresponde a una definición lexicográfica propia de una academia”.
Este mismo jueves de la AVL también ha recibido el apoyo unánime de los rectores de las universidades públicas valencianas que han recordado que la definición del diccionario es la cientifica, a la vez que han advertido a la Generalitat que no reconocer la unidad de la lengua iría contra sentencias del propio Tribunal Constitucional.
