La Agencia Antifraude insiste en reformar la ley para garantizar su independencia del Gobierno valenciano
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana no quiere ser considerada una “entidad de derecho público” sino una “institución” de la Generalitat que solo dependa de las Corts Valencianes. No quiere que se la incluya en el “sector público instrumental de la Generalitat” sino que se la considere junto a las instituciones estatutarias como la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, la Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Comité Económico y Social.
Así lo refleja la primera memoria del organismo entregada a las Corts Valencianes por su director, Joan A. Llinares, que explica en un apartado con todo detalle las enmiendas que propuso hacer el pasado noviembre a través de la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos a tres artículos de la ley de creación de la Agencia, aprobada en 2016, y una disposición adicional de la misma Ley de Presupuestos.
La propuesta persigue reforzar la adscripción de la Agencia a las Corts y su independencia del Consell. Para ello plantea sustituir el término “entidad de derecho público” por el de “institución”; añadir “la possibilitat de regular, a través del reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Agencia, determinadas especificidades aplicables al personal funcionario de carrera a su servicio” para poder equiparar sus remuneraciones a las de sus administraciones de procedencia; sustraer su actividad del control de la Intervención General y regular que justifique su gestión anualmente ante la Sindicatura de Comptes; dejar solo en manos de las Corts la aprobación de su reglamento interno, eliminando su prevista aprobación también por el Consell, e incluirla en la Ley de Presupuestos junto a las instituciones estatutarias de la Generalitat Valenciana.
La postura del director de la Agencia Antifraude incide en un aspecto que ya generó debate durante la tramitación de su ley de creación incluso entre los socios del Pacto del Botánico en relación con sus competencias y su dependencia orgánica. Su director pretende eliminar las referencias finalmente incluidas en la norma que establecen algún tipo de dependencia de Presidencia o de la Conselleria de Hacienda.
“Si bien es cierto que el solicitado por la dirección de la Agencia ha sido igual al consignado por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico”, señala Llinares en la memoria sobre el presupuesto del organismo que dirige, “la dirección general de Presupuestos ha otorgado al de la Agencia la misma estructura y régimen de abonos y consignaciones presupuestarias que a las entidades del sector público instrumental de la Generalitat..., olvidando la adscripción de la Agencia a las Corts y su independencia del Consell”.
Por otra parte, añade que la Agencia Antifraude, “en relación con su naturaleza jurídica, no puede, en coherencia, estar sometida al régimen de intervención general de la administración de la Generalitat, igual que no está sometida al régimen de control de intervención de niguna de las entidades locales radicadas en el territorio de la Comunitat”.
El director de la Agencia Antifraude no lo indica en la memoria, pero su propuesta no obtuvo respuesta de los grupos parlamentarios cuando la formuló. En los partidos del Pacto del Botànic se consideró que era demasiado pronto para modificar una ley que solo tenía un año de vida, algo que sí que se ha hecho, hasta en tres ocasiones, con la ley de creación de la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
