Castellón no sabe cuántas viviendas públicas tiene ocupadas ilegalmente
El Ayuntamiento de Castellón dispone de 183 viviendas para las familias que necesiten y no puedan pagarse un techo. Para acceder a estos pisos, los beneficiarios deben pasar por el control de Servicios Sociales, que tiene establecido un baremo. En estos momentos, hay 20 familias que cumplen los requisitos de este departamento para acceder a un piso y que están en lista de espera para recibirlo. En contraste, hay un número indeterminado de hogares de gestión municipal que están ocupados por personas que no cumplen estas condiciones, según explicó ayer Enric Nomdedéu, vicealcalde y portavoz municipal.
Los casos son variados. Hay personas que heredaron el piso de manera ilegal de sus antiguos ocupantes, que sí se ajustaron en su momento a la situación establecida por Servicios Sociales para habitarlos. También hay quienes han entrado a los inmuebles forzando los accesos. De momento, el equipo de gobierno confiesa que no conoce cuál es la situación del parque de pisos que gestiona, es decir, cuántas de ellos están ocupados de manera legal y acorde con los propios requisitos del consistorio y cuántos están habitados por personas a quienes no les corresponde.
La única seguridad es que todos los pisos están habitados, salvo seis que están siendo reformados y que “en breve” se pondrán a disposición de las familias en lista de espera. Nomdedéu también informó de que dos de los hogares que estaban siendo ocupados ilegalmente ya han sido “recuperados” y esta misma semana han sido entregados a dos demandantes de vivienda que cumplían los requisitos. El vicealcalde insistio en que el PP, que ocupó el gobierno municipal durante 24 años, descuidó la gestión de los pisos y carecía de un “inventario” con la situación en la que se halla cada uno de ellos.
Negociación con los bancos
El Ayuntamiento informó, además, de que siguen trabajando en que los bancos pongan viviendas vacías a disposición de personas “en riesgo social con alquileres bajos”. La negociación se centra en “sensibilizar a los representantes de las entidades” para que rebajen las exigencias que impondrían a los arrendatarios. La ciudad también dispone de pisos para personas necesitadas que son propiedad de la Generalitat. Sin embargo, cada administración gestiona sus propias viviendas y no hay coordinación entre ellas a la hora de adjudicarlas, aunque sí se informan mutuamente de las familias que resultan beneficiadas para que no haya duplicidades. La consecuencia es que el ciudadano que necesite un piso debe acudir a ambas ventanillas. Según el Consistorio, se está trabajando para una mayor coordinación.
La Generalitat también tiene una amplia lista de espera. En la provincia de Castellón, 712 personas están esperando un techo. La falta de respuesta de la administración a este problema ha ocupado la primera línea de la actualidad desde que el pasado 4 de enero se conoció que cinco familias de Castellón habían “ocupado” un edificio vacío y de nueva construcción, con el apoyo y la tutela de la PAH. Los 'ocupas' siguen en el inmueble a la espera de una solución negociada con el propietario -una inmobiliaria- o una vivienda social del Consistorio. Nomdedéu pidió hoy a las familias y a la PAH que “vuelvan al circuito legal”, es decir, que acudan a servicios sociales. Según la PAH, todos ellos han intentado ya encontrar una solución por esa vía, sin ningún resultado.
