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València argumenta, tras el informe de la Sindicatura, que sigue los criterios de cálculo del Ministerio de Hacienda

Sobre los reparos de la institución por el fraccionamiento de contratos, el Ayuntamiento asegura que cumplen con los requisitos legales y con la fiscalización de la Intervención municipal.

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Fachada principal del Ayuntamiento de València EFE

El Ayuntamiento de València ha salido al paso del informe que ha hecho público este lunes la Sindicatura de Comptes en el que, entre otras cosas, afea el excesivo fraccionamiento de contratos.

Al respecto, fuentes municipales han informado que "el Consistorio está adaptándose a la nueva legislación en esta materia que entrará en vigor a partir del mes de marzo, y que presenta numerosas novedades respecto a los contratos".

Al mismo tiempo, han añadido que "todos los contratos cumplen con los requisitos legales y, en su caso, con la fiscalización de la Intervención municipal, con lo que todos están sujetos a derecho".

Así lo indica, destacan, la propia sindicatura cuando expresa que "los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento durante los ejercicios 2015 y 2016 resultan conformes con la normativa aplicable en todos los aspectos significativos".

Asimismo han asegurado que estudiarán aquellos casos singulares a los que la Sindicatura presta especial atención.

En cuanto a las observaciones relativas a la contabilidad y los presupuestos, las mismas fuentes han explicado que "el Ayuntamiento sigue los criterios de cálculo del Ministerio de Hacienda", por lo que "si la Sindicatura opina que deben establecerse otros criterios, debería comunicarlo al mismo Ministerio".

Así, sobre los 23 millones de remanente de Tesorería que la Sindicatura considera sobrevalorados, han destacado que corresponden a deuda de otras administraciones públicas con el Ayuntamiento.

"El consistorio no realiza provisión con respecto a ello al entender que dicha deuda será amortizada por esas administraciones". Así, tal y como recoge la misma Sindicatura, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establece que "no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella".

Asimismo, han destacado desde el Consistorio que más adelante insiste en que "tampoco se incluyen las deudas pendientes de cobro de otras Administraciones Públicas ya que si derivan de liquidaciones tributarias, convenios urbanísticos, cuotas de urbanización, dividendos… se encuentran por lo general en trámite de compensación, pendientes del reconocimiento de la obligación en el Estado de Gastos del Ayuntamiento para poder proceder al cobro. No son en consecuencia derechos de difícil o imposible recaudación y se excluyen de la base del cálculo con el objeto de respetar la imagen fiel de dicha magnitud".

Con todo, el Ayuntamiento ha asegurado que estudiará las sugerencias que lanza la Sindicatura y se congratula por la labor fiscalizadora que ahora realiza.

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