CCOO denuncia que la ley de medidas fiscales perjudica a los cuidadores
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO-PV) ha alertado este jueves de que el anteproyecto de Ley de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización presentado por la Generalitat contribuye, con su redactado, a la precarización del trabajo en el sector de la dependencia, y favorece explotación de las cuidadoras legalizando una situación antes considerada como fraude y abre la posibilidad de ser cuidadora a cualquier persona.
Según la organización sindical, el artículo 42 modifica el artículo 11 de la orden 21/2012 de 25 de octubre de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y dónde antes indicaba que “solamente podrán asumir la condición de cuidador no profesional de una persona en situación de dependencia su cónyuge o pareja de hecho legalmente constituida y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco” añade “aquellas personas con una relación de afectividad acreditada en el informe social del entorno”.
Desde CCOO han pedido que se aclare quién valorará esa “afectividad”, bajo qué criterios y cómo se va a acreditar.
Además, esta organización ha considerado que esta modificación va a permitir que la figura de la persona cuidadora sobrepase el vínculo de familiaridad y cualquier persona pueda optar a dar los cuidados, lo que facilitará la precarización de un sector mayoritariamente feminizado: aumentará la brecha salarial entre mujeres y hombres con una prestación de como máximo de 500 euros; castigará a la mujer, pues las cuidadoras soportarán jornadas de más de 160 horas/mes que superan la establecida en el Convenio Marco Estatal; hay una carencia de control sobre las tareas a realizar (muchas realizan también tareas del hogar); y la imposibilidad de cotizar a la Seguridad Social a aquellas que no sean familiar.
Además, han comentado desde el dindicato que es previsible que las contrataciones se centren sobre todo en mujeres en situaciones muy precarias e inmigrantes y han reclamamo al Gobierno autonómico que adquiera un compromiso real en lo que respecta a la parte social del cuidado tanto para trabajadoras como para usuarios.
