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En busca de una Carta de Derechos Digitales: “La COVID-19 ha puesto de manifiesto carencias en la cultura de la seguridad”

Una mujer trabaja en el mismo espacio en el que come, escena habitual en los hogares durante la pandemia.

Laura Martínez

Valencia —

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El Gobierno ha retomado los trabajos para que el ordenamiento jurídico profundice en la regulación de los derechos y obligaciones en el entorno digital. En la última legislatura del PP se constituyó una comisión de estudio con este fin y, en la posterior, el PSOE enmendó la ley de Protección de Datos para incluir un título completo dedicado a esta materia. Ahora, el Ejecutivo, bajo la supervisión de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha puesto en marcha un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar una Carta de Derechos Digitales.

La finalidad del grupo es completar y desarrollar el marco normativo a través de la Carta, “únicamente dedicada a los derechos digitales, para incluir algunos todavía no recogidos en el citado Título X” de la citada ley. Es el caso, cita el ministerio, “de los relacionados con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial”.

Teletrabajo, educación online, reuniones telemáticas, apps para detectar síntomas... El coronavirus y el confinamiento repentino impuesto por la pandemia han trastocado nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos. Ni todos tenemos la casa acondicionada para el teletrabajo ni las nociones de seguridad como para conocer los riesgos de utilizar el mismo dispositivo para tareas de la empresa y el ocio personal. Internet ha supuesto un papel clave en el desarrollo de actividades fundamentales, no siempre utilizado de forma responsable. Para Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional y responsable de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València, uno de los expertos citados en el grupo de trabajo, la pandemia “ha puesto de manifiesto virtudes y carencias de la transformación digital”, entre ellas las referidas a la seguridad. “Hay que reincorporar la cultura de la seguridad”, insiste el profesor, especialmente en el ámbito del teletrabajo, donde lo privado se ha mezclado con lo laboral.

El profesor confía en la constitución de este grupo de trabajo como una forma que permita “identificar esos derechos digitales que necesitan estímulo y contribuir a la creación de políticas públicas como garantía de derechos e igualdad”. “Hay que evitar que el nuevo contexto genere nuevas brechas y nuevas formas de discriminación”, sostiene Martínez, que conoce bien algunas desigualdades como las que se han dado en el marco educativo, con alumnos que no disponen de espacio propio para estudiar o de medios para acceder a las clases online. 

El profesor se muestra optimista con las posibilidades de la transformación digital, siempre que se haga un buen uso de las mismas y una regulación garantista de los derechos fundamentales. “La transformación digital y la inteligencia artificial nos van a ayudar a ver o establecer cómo reinterpretar los derechos y deberes existentes”, sostiene. Y explica: “Hay muchos derechos que existen en el mundo físico (salud, educación, libertades públicas) y tendremos que repensar sobre cómo el mundo digital impacta en ellos para asegurar su garantía. Y es posible que identifiquemos derechos nuevos o políticas nuevas, como el derecho a la desconexión digital, el derecho al olvido, a la protección de la identidad digital”. Algunos de ellos ya están incluidos en la reforma de la ley de protección de datos, apunta.

El académico considera que en España hay un volumen de datos suficiente como para implementar muchas mejoras, pero no se ha aprovechado este potencial para, por ejemplo, optimizar el sistema público de salud. Martínez emplea ejemplos ya apuntados por profesionales médicos como la necesidad de unificar los sistemas sanitarios, facilitar los diagnósticos, evitar los desplazamientos y la saturación de consultas en atención primaria. Se podría, por ejemplo, emplear los datos para que un paciente de urgencias acuda al hospital que mejor pueda tratarle, no al que 'le toca' según el SIP.

Martínez expresa una visión optimista de la tecnología y el análisis de datos y apunta a la importancia que tiene que los países Europeos se pongan las pilas en este proceso. De lo contrario, puede terminar siendo subsidiario y dependiente de mercados como el chino y el ruso, lejos de los valores democráticos y los derechos de la Unión Europea. Pese a los riesgos de la pandemia relacionados con la privacidad y la seguridad, el experto en transformación digital cree que de Internet han surgido iniciativas notables. “La transformación digital puede ser enormemente creativa para la sociedad. Piensa en las iniciativas solidarias, en los entornos de colaboración voluntaria, en los modelos de gestión descentralizada de la innovación que se han dado: de desarrollar plásticos para la protección de sanitarios a pantallas de metacrilato empleando con analítica de datos e impresoras 3D”, cita en relación a las iniciativas altruistas. 

“Nosotros nos vamos a tomar esto con ética. La ética, los derechos y el cumplimiento normativo deben utilizarse para acompañar al proceso tecnológico de bien común. Si se usan para crear miedo, se paralizan las cosas. Hay que encontrar un equilibrio”, apunta.

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