Castellano habla de “perfecta coordinación” mientras el TSJCV denuncia los privilegios de Barberá
El pasado mes de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) era el escenario de las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el exconseller Gerardo Camps como testigos del caso Nóos. Tanto Barberá como Camps disfrutaron de privilegios, como fue el hecho de no acceder a la Ciudad de la Justicia por la puerta principal sino por un acceso secundaria para evitar tener que pasar ante la prensa, que provocaron que los magistrados del alto tribunal valenciano pidieran explicaciones a diversos organismos, entre ellos, la conselleria de Justicia.
Entonces, la sala de gobierno del TSJCV pidió explicaciones después de que estos hechos se produjeran, pese a que se habían dado las directrices correspondientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que los citados a declarar entraran por “el único acceso habilitado para ello”, unas instrucciones que no se cumplieron.
Este martes, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, se ha reunido con el conseller de Justicia, Serafín Castellano en el marco de la comisión mixta entre administraciones, una cita en la que también ha estado presente la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carmen Llombart. El conseller, según informa Europa Press, ha descartado que exista polémica alguna y ha afirmado que las relaciones entre el Consell y la sala de gobierno de del TSJCV funcionan “con normalidad” y “en perfecta coordinación, dando soluciones a los problemas más acuciantes”.
Precisamente, el próximo sábado, 1 de febrero, está llamado a declarar por el caso Nóos el expresident de la Generalitat Francisco Camps, quien tendrá que responder a las preguntas que plantee el magistrado -el juez Castro-, así como las formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias tras el esperpéntico episodio protagonizado el pasado 16 noviembre, cuando no se le pudo localizar.
Volumen de trabajo del TSJCV
El TSJCV, que ya reclamó hace unos meses al CGPJ magistrados de refuerzo ante el aumento de asuntos que tramita -algunos de ellos de gran volumen y relacionados con la corrupción, como los casos Cooperación, Gürtel o Brugal-, sigue pendiente de estas incorporaciones. Mientras se incorporan los dos jueces reclamados, los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal trabajan al “ciento cincuenta por ciento” para que las cosas “vayan saliendo”.
