Castelló reduce su lista de espera en dependencia de 5.100 personas a 2.400 gracias al aumento de personal

Durante esta legislatura, la lista de espera en dependencia de la provincia de Castelló ha pasado de 5.178 personas en septiembre de 2015 a las 2.443 que se contabilizaban el pasado 1 de junio. En la provincia, “los datos son buenos”, según explicó Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, durante un encuentro con periodistas que se celebró el martes en Castelló.

Por ello, Oltra espera que la provincia sea uno de los primeros territorios en el que se elimine la lista de espera. Esto sucederá cuando las personas que soliciten entrar en el sistema de dependencia tengan una resolución de la administración sobre el servicio o prestación que le corresponde antes de seis meses, el plazo máximo que marca la ley. La vicepresidenta espera que esto se produzca a finales de año.

La agilización en la tramitación también se ha producido a nivel autonómico. En julio de 2015 había 46.000 personas esperando y ahora hay en torno a 19.000. También ha bajado el tiempo medio que los solicitantes tienen que aguardar: de cuatro años y medio a un año y tres meses.

Las solicitudes, triplicadas

Esto a pesar de que el número de solicitantes sigue creciendo. De hecho, el ritmo de peticiones se ha multiplicado por tres. La razón es que hasta 2015 la tardanza conseguía desanimar a las personas necesitadas de entrar en el sistema. La situación ha cambiado “porque ahora la gente ve que el ritmo es más rápido” y esto ha actuado como incentivo, explicó la vicepresidenta.

La clave de esta mejora está en la decisión de la Generalitat Valenciana de municipalizar uno de los pasos clave del proceso por el que se acepta o no a una persona dentro del sistema. Se trata de la valoración de su estado y de la decisión de otorgarle o no la prestación o servicio que pide.

Antes, un mismo expediente tenía que pasar varias veces por los servicios centrales de la consellería, que actuaba como una suerte de cuello de botella. Ahora, son los servicios sociales ubicados en los Ayuntamientos y financiados por la administración autonómica los que se encargan de casi todo el proceso. Así se agiliza el funcionamiento y también se da más importancia al seguimiento cercano de cada caso por parte de los servicios sociales más próximos.

Más profesionales

Además del cambio en la organización, el otro factor para reducir la lista de espera ha sido la contratación de más personal para los servicios sociales de los Ayuntamientos. En la provincia de Castelló, “en este momento tenemos 77 personas valorando cuando en julio de 2015 había dos para toda la provincia”, explicó Oltra.

Los datos muestran un reforzamiento general en la plantilla. Según los datos aportados por la vicepresidenta, en 2015 había 51 profesionales de servicios sociales en los ayuntamientos. La aportación de la Generalitat era de 12.000 euros anuales por cada uno de ellos.

En 2018, el número ha aumentado hasta los 230 trabajadores y la financiación de la administración autonómica ha subido hasta 27.000 euros para los perfiles técnicos y 21.000 para los administrativos. En consecuencia, el gasto autonómico en este apartado en la provincia ha pasado de 1,3 millones hace tres años a seis millones en la actualidad.