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Ciudadanos llevará a Fiscalía la quita del IVF al grupo mediático del que Ximo Puig es accionista

Toni Cantó en la sede valenciana de Ciudadanos.

Laura Martínez

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El portavoz valenciano de Ciudadanos, Toni Cantó, pedirá a Fiscalía que investigue la quita del Instituto Valenciano de Finanzas a Editorial Prensa Ibérica, operación que permitió que el grupo adquiriera el diario Mediterráneo de Castellón, en el que el president Ximo Puig posee una pequeña cantidad de acciones. El president tiene un 1,17% del accionariado de Pecsa, la editoria del diario Mediterráneo, derivado de sus vínculos laborales con el rotativo.

Cantó considera que se dan varias incompatibilidades en este caso y, tras haberlo denunciado en la Oficina de Conflicto de Intereses, plantea llevarlo a Fiscalía. El síndic de Ciudadanos cree que existe “conflicto de intereses” entre las acciones del president de la Generalitat en este grupo mediático y la publicidad institucional que recibe. Unas ayudas que “coloca desde Presidencia”, afirma. De otro lado, la operación del banco público para perdonar parte de la deuda de la empresa que fue adquirida por Prensa Ibérica.

“Se trata de hechos que consideramos graves y es una burla que existan tres entidades como la Oficina de Conflicto de Intereses, la Agencia Valenciana Antifraude y la propia Conselleria de Transparencia pero ninguna aclare nada, sino que nos remiten, entre ellas, de una a otra”, denuncia Cantó, para quien “Puig no puede seguir comportándose como el Berlusconi de Morella ni sus socios seguir tapando sus vergüenzas”.

Este departamento, dependiente de la Conselleria de Transparencia, no quiso facilitar información sobre si había una investigación de la operación del banco público con el grupo mediático en el que Ximo Puig tiene un pequeño paquete accionarial y si suponía un conflicto que el president no se ausentara en la votación del decreto que permitió la quita de la deuda de la empresa. En la respuesta a la queja de Ciudadanos, la oficina responde que ya ha evaluado las posibles incompatibilidades e insta al grupo a pedir la información a través del Parlamento autonómico.

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