Compromís y Podemos presionan a Sánchez para retirar los recursos de inconstitucionalidad a leyes valencianas

La resolución del Tribunal Constitucional de anular cinco puntos de la ley valenciana de Vivienda ha caído como una losa en los partidos valencianos. La normativa autonómica pretende paralizar los desahucios y abre la posibilidad de expropiar a entidades financieras las viviendas vacías, lo que motivó un recurso del Gobierno del PP al Tribunal Constitucional, amparándose en que esta no es competencia de las comunidades autónomas

Bajo esta premisa, el Ejecutivo autonómico recurrió varias normativas del Gobierno del Botánico, como la de la pobreza energética, la de acceso universal a la Sanidad Pública y otras tres normativas que regulaban el derecho civil valenciano, como la de custodia compartida. Además, se encuentran en comisiones bilaterales otras como la ley del taxi o el acuerdo de los horarios comerciales.

Al poco de su llegada a la Moncloa, Pedró Sánchez comunicó a Quim Torra, president de la Generalitat catalana, su intención de levantar el veto del Constitucional a sus normativas impugnadas. Desde su Gobierno, el delegado en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, apuntó a que el levantamiento de estos recursos a la normativa valenciana estaba en fase de estudio y que se retirarían todos los posibles. 

Durante esta semana, Compromís y Podemos han enviado al Congreso de los Diputados una serie de preguntas en relación a estos recursos contra el autogobierno valenciano. Ignasi Candela, diputado de la formación valencianista, pregunta directamente si el Gobierno “piensa levantar el veto” contra la ley de vivienda y la de pobreza energética, en línea con el compromiso del Ejecutivo hacia el Gobierno catalán. 

Por parte de la formación morada, sus tres diputadas valencianas -Ángela Ballester, Rita Bosaho y Rosana Pastor- añaden a la misma pregunta el interés por saber qué opina el Gobierno de la resolución del Constitucional del pasado viernes y “¿Por qué motivo el Gobierno no ha cumplido su compromiso de revisar todos los recursos del Partido Popular contra leyes valencianas de carácter social?”.