Condenado un funcionario de Medio Ambiente que cobró 131.000 euros por una licencia para un vertedero en Elda
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un exfuncionario de la Conselleria de Medio Ambiente por cobrar 131.000 euros a una empresa para otorgarle una licencia para un vertedero en la localidad alicantina de Elda.
Así consta en una sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se recoge la condena a esta persona por un delito de negociación prohibida a funcionario público y se le fija una mula de 1.080 euros, además de la inhabilitación para empleo o cargo público durante un año. Así mismo, se condena a otra persona, ingeniero industrial, por el mismo delito a pagar 900 euros.
Los condenados se conformaron con los hechos que se les imputaban y que se remontan al año 2007. El funcionario trabajaba como técnico en situación de interinidad en Medio Ambiente en 2006, concretamente en el área de residuos, y su función consistía en tramitar las solicitudes de autorización ambiental y, por tanto, la posibilidad de estudiar e informar la concesión o no de dar licencia de actividad a las empresas dedicadas a la gestión de residuos sólidos. Cesó en su trabajo como funcionario el 31 de agosto de 2009. Además, era desde diciembre de 2006 administrador solidario de una mercantil.
Como trabajador público le correspondió la tramitación de un expediente relacionado con una Autorización Ambiental Integrada de un vertedero y planta de tratamiento existente en el paraje de Las Cañadas en Elda.
El condenado manifestó a la representante legal de la empresa que solicitó la autorización que su proyecto era un “cero patatero” y que debían presentar otro que estuviera redactado por verdaderos profesionales. Le apuntó en una nota los teléfonos de dos personas que podían hacer el “proyecto adecuado para su formación”. Uno de ellos correspondía al del otro condenado.
Los dos condenados, en connivencia y una vez recibida la orden de la mercantil para hacer un nuevo proyecto y presentarlo a la conselleria, subcontraron la sociedad del funcionario para realizarlo.
La empresa solicitante abonó por el proyecto al ingeniero industrial la suma de 141.400 euros, a otra empresa 121.462,53 y 4.577,52 euros en concepto de visados. De estos trabajos, la mercantil que administraba el exfuncionario subcontrató y cobró 131.080 euros.
