El Congreso pone por delante de la reforma del Estatuto valenciano las de Murcia y Canarias
La lentitud en los procesos parlamentarios es una constante a la que todo diputado está acostumbrado. No lo están, sin embargo, a la parálisis total. El Congreso lleva desde el inicio de la legislatura más de 40 leyes atascadas; una cifra que pone de relieve la inacción del Gobierno, un Ejecutivo que no ejecuta. Entre las más de 40 leyes atascadas, tiene tres estatutos de autonomía pendientes de reformar: el de Canarias, el de Murcia y el de la Comunitat Valenciana.
El primero en desbloquearse será el último en llegar, el canario, mientras que el Valenciano lleva bloqueado más de un año y ahora le adelanta la norma murciana. Concretamente, siete años parado. Los diputados comenzaron a debatir sobre la norma canaria hace tres semanas y, sobre la murciana, este martes la Mesa ha decidido iniciar los trámites. Las Corts valencianas registraron la reforma del Estatut en 2011 y ha sido aplazada incontables veces, entre otras cuestiones, por las elecciones. Desde su reintroducción en la cámara parlamentaria los grupos PP y Ciudadanos han solicitado 45 veces la ampliación del periodo de enmiendas. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, denuncia que a los valencianos “nos ha pasado por delante hasta el apuntador”.
El diputado valenciano señala que la norma autonómica es la única que sigue “en el limbo”, pese a que el parlamento valenciano registró la solicitud de la reforma en diciembre de 2011 mientras que el murciano lo hizo en mayo de 2017 y el canario en abril de 2015. Considera además que se utilizan estas reformas como “moneda de cambio” para favorecer a algunos territorios.
En diciembre, en respuesta a una carta del presidente de las Corts, Enric Morera, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, remitió a los grupos parlamentarios la responsabilidad en este retraso. “Le comunico que son los grupos parlamentarios de la Cámara los que, en ejercicio de su función de impulso político, marcan los tiempos de tramitación de las iniciativas legislativas”. La contestación de Morera fue pedir celeridad a los dirigentes en la Cámara.
La reforma propuesta, de apenas un par de folios, se reduce a la disposición adicional primera, en la que se “blindan” las inversiones territorializadas del Estado en la Comunidad Valenciana al indicar que deberán equivaler, en relación con el total de inversiones, al peso de la población valenciana en el conjunto del Estado. El Congreso lleva siete años para decidir sobre esa propuesta.
