Consell y sindicatos colaborarán para mejorar la competencia lingüística de los funcionarios en castellano y valenciano
La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido con los representantes de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical, que le han presentado el acuerdo que estas centrales firmaron el pasado mes de diciembre y en el que proponen que, todo el personal empleado de la Generalitat disponga de un nivel de conocimiento adecuado y suficiente en las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana.
Bravo ha recibido la propuesta de los sindicatos al tiempo que les ha explicado que, el anteproyecto de Ley de Reforma de la Función Pública Valenciana, que se tramitará en las Corts, va en la misma dirección a fin de mejorar la atención al ciudadano en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
En la actualidad, el 70% de los empleados de la Función Pública valenciana tiene algún tipo de titulación que acredita su competencia lingüística en la lengua propia de la Comunitat Valenciana. El grupo más numeroso es el compuesto por los que poseen el Grau Elemental (5.265), al que le siguen los profesionales que tienen acreditado el Mitjà (4.870), el Oral (3.622) y el Superior (1.735). Otros 524 empleados tienen acreditadas otras titulaciones diferentes a las expedidas por la Junta de Qüalificació de Coneiximents del Valencià.
Acuerdo “histórico” y “de consenso”
CCOO, UGT e Intersindical rubricaban hace apenas una semana una acuerdo “histórico” y “de consenso”. En él se instaba al gobierno del Botànic a garantizar la competencia lingüística en valenciano de todos empleados públicos la Administración valenciana a través de cursos intensivos y de reciclaje de diferentes niveles, según el puesto que desempeñen.
El documento recoge nueve medidas concretas para compensar las “deficiencias” que todavía presenta la administración valenciana en el conocimiento y uso del valenciano. Las medidas sugeridas por los sindicatos alcanzarían a unos 190.000 trabajadores públicos -118.000 de la Generalitat, 53.000 de entidades locales y 18.000 de las universidades-, dado que los 35.000 empleados que dependen de la Administración estatal no estarían obligados.
