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La Generalitat expropiará viviendas a los bancos si no aceptan un alquiler social

La futura Ley por la Función Social de la Vivienda prevé la modificación del contrato de compra y la expropiación de los inmuebles a los bancos, pero se aplazan hasta que acabe la vigencia de la actual ley estatal o se anule para evitar el precedente andaluz

El Consell creará una registro de las viviendas vacías al que se deben inscribir los grandes propietarios y bancos que deberán ceder en forma de alquiler los inmuebles y del que están exentos los particulares

Si en el periodo de seis meses no se encuentra un inquilino, el gobierno valenciano interpondrá sanciones que pueden llegar a los 30.000 euros por vivienda

La consellera de Vivienda, María José Salvador, con el presidente valenciano, Ximo Puig

La consellera de Vivienda, María José Salvador, con el presidente valenciano, Ximo Puig

Con el objetivo de bajar a la Comunidad Valenciana del pódium de las autonomías con más desahucios, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha presentado este lunes su proyecto estrella para poner coto a esa sangría. Con el título de Ley por la Función Social de la Vivienda, el Consell pretende dar una vuelta de tuerca al concepto de la vivienda utilizando medidas similares a las de la ley que aprobó el gobierno andaluz cuando estaba formado por PSOE e IU, pero cuidándose de evitar los errores que cometió la Junta de Andalucía que terminaron con la ley suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). 

Así, el anteproyecto de ley tiene como objetivo "declarar la función social de la vivienda" y "garantizar el derecho a la vivienda como pilar básico del Estado del Bienestar", en palabras de la consellera de Vivienda, María José Salvador (PSPV-PSOE). Para garantizar que no se produzcan más desahucios, el contrato entre el particular y el banco quedará finalizado cuando se incumpla este por el comprador. Una vez terminado, se creará una nueva obligación contractual en forma de alquiler con opción a compra. La Generalitat aplicará un alquiler social durante tres años, que no superará el 25% de los ingresos de la unidad familiar, excepto si los inquilinos no se pueden hacer cargo de él. Cuando acabe, el plazo se puede aplicar o se puede optar a la compra del inmueble. 

¿Qué ocurre si el banco se niega a formalizar este contrato? La Generalitat expropiará a la entidad financiera la vivienda por interés social y de ocupación por un plazo máximo de tres años. Unas medidas que, no obstante, quedarán aplazadas con la intención de evitar que la ley corra la misma suerte que la impulsada por la exconsejera de Vivienda del gobierno andaluz, Elena Cortés (IU), que fue tumbada por el Constitucional al invadir competencias del Estado. Con ello, las medidas más destacadas para frenar los lanzamientos hipotecarios quedan relegadas hasta mayo de 2017, fecha en que deja de tener vigencia la ley de segunda oportunidad implementada por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

La ley, sin embargo, no lo fía todo a la expropiación. El departamento que dirige Salvador desarrollará un plan de rehabilitación de las 700 viviendas del parque público e impulsará una ampliación del mismo, a la que se sumarán los convenios con los bancos para incrementar la oferta de viviendas. "No es una ley expropiadora, sino garantista del derecho de la vivienda", ha asegurado Puig de un reglamento que ha sido elaborado junto con organizaciones sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

Evitar viviendas vacías

Con el propósito de "corregir los efectos de la burbuja inmobiliaria que provocó la acumulación de viviendas vacías" y con el 15% de la viviendas de la Comunidad Valenciana sin uso, se creará un registro de inmuebles vacíos. Así, toda aquella vivienda que de forma continuada haya estado deshabitada durante dos años deberá inscribirse en este registro. Eso sí, la medida afectará solo a los propietarios con más de 10 inmuebles -principalmente bancos e inmobiliarias- y que no tiene incidencia sobre particulares, viviendas de segundo uso, que se ofrecen a la venta, entre otras.

El Consell, a través de ayudas públicas de alquiler, contra la pobreza energética y con medidas de estímulo promoverá que esas viviendas vacías se cedan durante un periodo de seis años máximo en alquiler, actuando de garante y rehabilitando aquellas que no estén en condiciones. Si con estas medidas no se cede el inmueble seis meses después de inscribirse en el registro, la Generalitat tomará medidas coercitivas con sanciones que irán desde los 600 a 3.000 euros las menos graves y desde los 3.001 a los 30.000 euros las muy graves. 

La ley, además, contempla la intervención de los poderes públicos para evitar que "no haya derecho de admisión" cuando una persona quiera acceder a una vivienda. "Para evitar otra burbuja, se modulará como se hace en Reino Unido los precios del alquiler cuando el mercado no funcione", ha proclamado Salvador. "Se trata de un proyecto paradigma de lo que es el Acord del Botànic", ha sentenciado Puig. 

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