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Rajoy fracasa en su intento de impedir la sanidad universal valenciana

El Tribunal Constitucional (TC) levanta la suspensión del Decreto-Ley del Consell que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Los magistrados consideran que no se puede anteponer un supuesto ahorro económico a la salud de las personas.

Hasta 30.000 personas vuelven a tener hoy acceso sanitario en la Comunidad Valenciana

El president Ximo Puig y la consellera Carmen Montón muestran la tarjeta sanitaria valenciana EFE

"El derecho a la salud y el derecho a la integridad fisica de las personas afectadas por las medidas impugnadas, asi como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".

Así de contundente reza parte de la resolución emitida por el el Tribunal Constitucional (TC), mediante la cual se ha levantado la suspensión del Decreto-Ley 3/2015 por el que se regulaba el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. La medida garantiza cobertura médica total a unos 30.000 inmigrantes en situación administrativa irregular excluidos del sistema por una decisión de rango estatal.

Según el escrito, los magistrados que componen el alto tribunal entienden que el Abogado del Estado no aporta datos que justifiquen que, tal y como alega y mantiene, la cobertura universal que ofrece la sanidad valenciana ponga en peligro la sostenibilidad el Sistema Nacional de Salud por el incremento de gasto y del déficit público: "Habría que aportar datos concretos que pusieran de manifiesto la incidencia que tiene en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud o en las medidas de contención de gasto; datos que el Abogado del Estado no aporta".

La ley de la sanidad universal valenciana quedó en suspenso el pasado 3 de noviembre, después de que el Alto Tribunal admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que lo presentó amparándose en que el Ejecutivo valenciano podría haber incurrido en una "extralimitación competencial".

La Generalitat solicitó al TC que levantara la suspensión del decreto ley autonómico, así como también presentó un recurso ante el tribunal el 14 de diciembre para pedir la confirmación "en todos sus extremos" la normativa aprobada en julio al considerar que no tenía "ningún vicio de inconstitucionalidad".

El tribunal, a la espera de su pronunciamiento definitivo, ha levantado la suspensión que pesaba sobre el decreto. Ésta se produjo de manera automática tras la presentación del recurso de Madrid. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que hasta que haya una sentencia definitiva la Generalitat podrá "garantizar legalmente a todos los ciudadanos que vivan en la Comunitat Valenciana el derecho a la salud, tengan el color de piel que tengan o vengan de donde vengan".

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también ha celebrado la decisión. Espera un eventual pronunciamiento favorable del Constitucional y, sobre todo, que el nuevo gobierno de España derogue el decreto del ejecutivo de Rajoy, lo que convertiría en estéril la pugna jurídica entre el estado y la Comunitat Valenciana.

Una de las primeras medidas del Consell

La Generalitat, gobernada por una coalición PSOE-Compromís, decidió devolver a los inmigrantes el acceso a la sanidad en julio de 2015, poco después de llegar al poder las elecciones autonómicas de mayo. Fue una de las primeras medidas del gobierno presidido por el socialista Ximo Puig. "Frente al modelo de exclusión, de barreras a la atención y de inequidad, el nuevo modelo del Gobierno de la Generalitat es la universalidad de la atención sanitaria", dijo Carmen Montón, consellera de Sanidad.

Montón dijo que este asunto era "innegociable para el Gobierno Valenciano". Sanidad extendió de inmediato el acceso a las prestaciones sanitarias a los ciudadanos extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana. Además, garantizó la prestación de ese servicio -que nunca ha estado suspendido pese a la batalla judicial planteada por el gobierno central- mediante varias instrucciones entre el personal.

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