Les Corts modifican la ley de Espectáculos para evitar conflictos como el del Marenostrum
El revuelo generado por la cancelación del festival Marenostrum horas antes de su edición de este verano parece haber servido de lección para el Consell. El Marenostrum, que parce haberse convertido en el festival marcado por la polémica, se suspendió porque el mismo día que se preveía su inicio -con decenas de asistentes ya en el recinto- el Ayuntamiento de Alboraia envió un comunicado en el que notificaba que no concedía la licencia.
Días antes, la consellería de Medio Ambiente había enviado un informe negativo en el que apuntaba a una vulneración de la Ley de Costas, mientras que según la organización, contaban con ocho autorizaciones positivas de diferentes administraciones, entre las que estaba Delegación de Gobierno.
Un conflicto similar casi se lleva por delante la misma edición del Arenal Sound. El Ayuntamiento de Burriana denegó los permisos basándose en dos informes técnicos municipales y uno de la conselleria de Medio Ambiente, en este caso al considerar que en 2013 se vulneraron los derechos de los vecinos.
Lo cierto es que en la Comunidad Valenciana, que se está consolidando como tierra de festivales -con la presentación de una marca paraguas de la Generalitat- las organizaciones se topan con una serie de barreras burocráticas y de choques con las administraciones, gobernadas por diferentes colores políticos y no siempre coincidentes en su criterio. Con la proliferación de este tipo de grandes eventos al aire libre, se hace necesaria una regulación y una clara delimitación de las competencias que aclare qué papel tienen los ayuntamientos y la Generalitat a la hora de otorgar los permisos y cuáles son las responsabilidades de los organizadores.
Pasada ya la tormenta veraniega, en la que finalmente ambos festivales se celebraron -el Marenostrum semanas después de lo previsto- y aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, los partidos de gobierno, PSPV y Compromís, introdujeron en el anteproyecto una serie de modificaciones a la ley de espectáculos. Estas modificaciones, al margen de prohibir el maltrato animal, afectan a las competencias de las administraciones para otorgar autorizaciones. Es decir, quién puede otorgar qué permisos.
Con la ley aprobada en el pleno de este lunes, corresponde a la Generalitat autorizar espectáculos que se celebren en más de un municipio, espectáculos con animales, espectáculos taurinos, espectáculos extraordinarios -aquellos que se celebren en un recinto habilitado para otra actividad-. Por otro lado, serán competencia de los ayuntamientos los espectáculos que trascurran en su término municipal y las fiestas patronales.
Sin embargo, la modificación deja en el aire muchas cuestiones que se han convertido en conflictivas, como los informes vinculantes. La ley establece que los informes de los ayuntamientos se elevarán a la Generalitat y cuando proceda, a la conselleria competente en Medio Ambiente. Se consideran vinculantes, según el texto, “cuando sean desfavorables o cuando establezcan condiciones de obligado cumplimiento de acuerdo con la normativa técnica en vigor”.
La alusión continua a otras normas y al informe de la autoridad competente en materia de espectáculos es la carencia en la que se ha basado Podemos para pedir la suspensión de la modificación. La formación morada considera que más que aclarar, supone enredar la maraña y abrir aún más las interpretaciones administrativas y jurídicas. Por su parte,propone de cara al año que viene elaborar una legislación más meticulosa con los permisos para espectáculos y con un apartado específico para grandes festivales.
Su síndic, Antonio Montiel, ha explicado este lunes en les Corts que es necesaria una ley más avanzada para determinar de una vez qué administración puede autorizar o no un espectáculo y en base a qué informes, para evitar que se vuelva a repetir lo sucedido con el Marenostrum, en el que las Administraciones tenían opiniones diferentes.
