Les Corts bloquean las puertas giratorias
Les Corts han aprobado este miércoles su particular lucha contra las puertas giratorias. Tras haberse retirado en enero esta propuesta de Compromís ante las escasas posibilidades de salir adelante y su paso por la Comisión de Coordinación, con más de 40 enmiendas, ha llegado al pleno, donde se han aprobado 22 más.
La ley era considerada por PSOE, Ciudadanos y el PP demasiado restrictiva, y a base de modificaciones pactadas entre todos los grupos se ha ido rebajando. El principal argumento en contra, es que “dificulta traer a gente valiosa a la Administración”.
El texto dicta que el ejercicio de un alto cargo debe desarrollarse en el régimen de dedicación “absoluta y exclusiva”, por lo que es incompatible con cualquier otro cargo o profesión retribuidos, excluida la docencia y puestos similares, siempre que la retribución que reciba no supere el 30 por ciento del salario que percibe como alto cargo. Si se podrá compatibilizar la función con la de parlamentario, pero sin percibir retribución por otros conceptos que pudiera corresponderle por su dedicación de diputado.
La norma también señala que durante los tres años siguientes de su cese los consellers y secretarios autonómicos no podrán formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias que ocuparon en el ámbito de la Generalitat; dos años para el resto de cargos afectados -los designados por el Consell-.
Las rebajas acordadas, necesarias para la aprobación del texto, hacen referencia al periodo de incompatibilidad, que desciende de 3 a 3 años para los consellers y secretarios autonómicos y de 3 a 2 para el resto de cargos. También afectan al grado de consanguineidad: los altos cargos tendrán que inhibirse en la contratación con empresas participadas de familiares con tercer grado de consanguineidad (anteriormente, el cuatro) y la limitación de suscribir contratos se rebaja al segundo grado de afinidad (anteriormente el tercero).
Las nuevas enmiendas prevén la creación de la Oficina de Control de Conflictos, adscrita a la conselleria de Transparencia -no un ente independiente, como se pretendía desde Podemos-, que colaborará con otros mecanismos anticorrupción en el control de las incompatibilidades. La Oficina emitirá un informe público anual sobre incompatibilidades y se encargará de gestionar las mismas. Además, cuando un alto cargo cese de su puesto, tendrá que informar durante tres años a dicha oficina sobre sus bienes, patrimonio y actividad.
La ley ha salido adelante con el voto favorable de todos los partidos salvo el PP, aunque PSOE y Ciudadanos han vuelto a manifestar su temor a que mucha gente “muy válida” quede al margen de las instituciones.
