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Deliveroo retira el recurso y acepta la sentencia que consideró falso autónomo a un repartidor de València

La empresa recurrió la sentencia del pasado mes de junio que dio la razón al ex rider Víctor Sánchez, quien denunció a la compañía.

El fallo se basa en las conclusiones de la Inspección de Trabajo de València, que considera que los riders deberían ser considerados trabajadores por cuenta ajena.

Deliveroo afirma que la sentencia que fija que un 'rider' no es autónomo se refiere a "un contrato anterior"

Un 'rider' de Deliveroo en València

Deliveroo ha retirado el recurso que interpuso en junio contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Valencia que consideraba que los repartidores de comida en bicicleta o riders de la empresa son trabajadores por cuenta ajena y declaraba la improcedencia del despido de uno de ellos. El ex rider valenciano Víctor Sánchez fue quien denunció a la compañía

En declaraciones a EFE, fuentes de Intersindical Valenciana, que hicieron pública la sentencia el pasado mes de junio, han explicado que el juicio se ganó "en su momento" pero Deliveroo recurrió días más tarde.

El fallo judicial se basó en las conclusiones de la Inspección de Trabajo de València, que establece que los riders deberían ser considerados trabajadores por cuenta ajena porque la empresa "controla todo el proceso productivo, desde las horas que debe trabajar el empleado hasta los trabajos que debe realizar", ha explicado Llerena. 

Esta fue la  primera sentencia judicial en España que cuestiona el modelo laboral de Deliveroo. La magistrada consideró que el denunciante debería haber sido un trabajador laboral de la multinacional y condenó a la compañía por despido improcedente a readmitir al trabajador o a indemnizarle con 705,13 euros.

Al retirar el recurso, se entiende que la multinacional acata la sentencia, lo que le podría obligar en un futuro a contratar a sus repartidores.

Y lo que es más grave, que tuvieran que pagar a la Seguridad Social las cuotas no satisfechas anteriormente, en el caso Valencia y solo por la demanda colectiva –aún pendiente– 170.000 euros.

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