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El gobierno de Dénia (PSPV-Compromís) lleva al juzgado a la Generalitat por imponerle normas urbanísticas mientras tramita su Plan General

La consellera Maria José Salvador, con el alcalde Vicent Grimalt, en una visita al Ayuntamiento de Dénia.

Sergi García

Dénia —

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La batalla larvada desde hace meses entre el gobierno de Dénia y la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a cuenta del urbanismo de la ciudad ha explotado. En el ejecutivo municipal ya había malestar con el planeamiento provisional aprobado por la Generalitat: las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT). A partir de ahora, el gobierno de Vicent Grimalt y Rafa Carrió, de PSPV y Compromís, ya no lo esconde. No importa que el Consell, el de Ximo Puig y Mónica Oltra, tenga los mismos colores políticos. El Ayuntamiento de Dénia se va al juzgado a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación de las NUT.

Para explicarlo hay que hacer memoria. El Ayuntamiento de Dénia lleva toda la legislatura enfrascado en elaborar un nuevo Plan General. Mejor dicho: un Plan General sin más, porque no hay viejo Plan General. Todos los aprobados desde 1990 fueron anulados por los tribunales. Y el único que no lo fue, el de 1972, fue suspendido por la Generalitat.

Así que el pasado mes de diciembre, la Generalitat aprobó las NUT para volver a dotar a Dénia de un planeamiento, siquiera transitorio y de mínimos, que permitiera el retorno a la normalidad en la tramitación urbanística. Hasta ahí todos de acuerdo. El problema es que ese planeamiento lo impuso la conselleria en contra del criterio del gobierno de la ciudad, que, de hecho, había preparado el suyo propio al que la administración autonómica no hizo el menor caso.

Pero no es un problema de formas, sino de fondo. Las NUT aprobadas por la Generalitat entran en colisión frontal con el Plan General Estructural (PGE) que tramita el ayuntamiento. De facto, lo arruina. Y de ahí que el gobierno municipal se haya decidido finalmente, en los estertores de la legislatura, a plantar batalla judicial.

Lo ha explicado la concejala de Territorio y Calidad Urbana, Maria Josep Ripoll, con un argumento fundamental. Con la aprobación de las NUT “la conselleria interfiere en la autonomía municipal para decidir el modelo de ciudad”. En teoría, unas NUT son un plan de mínimos, pero estas “están obviando que hay un Plan General que se expuso al público en 2017 y está en tramitación”. Además, con esas normas “se impide en determinados puntos” ese PGE.

Ripoll pone un ejemplo concreto: “Zonas que el Plan General contempla como suelo urbanizable donde se puede construir hasta tres plantas, y en las que las NUT, en cambio, permiten más alturas”.

La concejala destaca que “las NUT contienen una edificabilidad mucho más disparada” que el Plan General en trámite, pues “vienen del modelo territorial del año 90”.

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