Denuncian que la adjudicación del aeropuerto de Castellón es un “desastre” para la Generalitat
Las críticas a la adjudicación de la gestión del aeropuerto de Castellón a la sociedad canadiense SNL-Lavalin, que se producía este lunes en el consejo de administración de Aerocas, han generado las críticas de la oposición, que han calificado este contrato de “desastre” para las arcas públicas, ya que consideran que las condiciones son “absolutamente draconianas” para la Generalitat Valenciana y “muy beneficiosas” para la empresa adjudicataria.
Así, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, ha recordado que Lavalin recibe 25 millones de euros en diez años mientras que Aerocas no obtendrá beneficios hasta que no se alcancen los 1,2 millones de pasajeros al año, cifra que Albiol tilda de “absolutamente fantástica”, y se pregunta acerca de quién ha hecho estas 'predicciones', porque se temen que ésta es una “apuesta segura para que los beneficios vayan a directamente a los bolsillos de la empresa privada, mientras que los costes serán asumidos por los valencianos”.
La diputada de EU también ha recordado que la empresa está vetada por el Banco Mundial, que la cataloga como corrupta tras la compra de funcionarios públicos en Bangladesh, “no estamos hablando de una acusación cualquiera, y más si tenemos en cuenta que los casos de corrupción y las amistades peligrosas han llenado la actividad política del Partido Popular en los últimos años”, por lo que califican de “despropósito” la defensa del Consell de la mercantil canadiense.
Por ello, Albiol exige explicaciones al President Fabra de “cómo un aeropuerto que ha generado un gasto próximo a los 200 millones de euros, inaugurado en 2011 y que aún no ha visto ningún avión aterrizar en su pista, continuará generando ingentes pérdidas a las cuentas públicas”, al tiempo que se refiere también a que el aeropuerto también se encuentra en el informe de la Defensora del Pueblo.
“Círculo de corrupción”
Desde Compromís, su diputado Josep Maria Pañella también ha criticado la adjudicación en un acuerdo que “cierra el círculo de la corrupción”, y se refería a las relaciones de Lavalin con la familia Gadafi o a que uno de sus presidentes fue acusado por fraude, “de mala praxis y problemas con la justicia saben mucho los populares valencianos, por lo que la empresa, lamentablemente, está muy de acuerdo con los valores del PP”.
Desde Compromís ya han advertido que emprenderán una serie de acciones parlamentarias para aclarar “un proceso que no está nada claro y que nos ha costado muchos millones a las valencianas y los valencianos para que ahora le den la gestión a la empresa menos indicada y no sabemos a cambio de qué”.
