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La Diputación de Castellón firmó un contrato de 4,5 millones en 2013 con una firma sospechosa de financiar al PP

Telecso SL facturará anualmente 745.000 euros hasta 2019 por el servicio de mantenimiento de las instalaciones y edificios provinciales

Moliner enmascaró como decreto en el pleno de este martes el reconocimiento de una factura en favor de la empresa por mejoras en el Castillo de Peñíscola

Facsa, otra de las investigadas por el caso Gürtel, participó con una UTE en el proceso de licitación del expediente de contratación iniciado en 2012

Pleno de la Diputación de Castellón.

Pleno de la Diputación de Castellón.

La Diputación de Castellón, bajo la presidencia de Javier Moliner, firmó un contrato de 4,5 millones de euros en 2013 con una empresa sospechosa de financiar al PP. La adjudicación a la firma Telecso SL del “servicio de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios provinciales” se produjo el 24 de septiembre por un periodo de seis años (hasta 2019) y un importe por cada anualidad de 745.000 euros.

En el proceso de licitación, iniciado con la aprobación del expediente de contratación en sesión plenaria del 30 de octubre de 2012, participó como candidata otra de las empresas vinculadas a la trama Gürtel: Facsa, del empresario Enrique Gimeno. Sin embargo, su oferta en forma de UTE no le valió para acabar entre las tres finalistas.

En el pleno de este martes el Partido Popular enmascaró como decreto el reconocimiento de una factura en favor de Telecso por reparación de humedades y adecuación de grietas en el Castillo de Peñíscola. El cargo de 4.785,55 euros (IVA incluido) pasó completamente desapercibido para el resto de formaciones políticas con representación en la diputación.

La citada empresa forma parte de la denuncia presentada por la Conselleria de Sanidad ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar anomalías en miles de facturas pagadas por el Hospital Provincial de Castellón entre 2006 y 2015. La facturación irregular de ese periodo ascendió a 25 millones de euros. No es la única sociedad propiedad de la familia Pons que aparece en la documentación. También se citan a Socetel Tecnológica y Piaf, cuyo administrador, Alejandro Pons, reconoció en abril haber financiado las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana con 31.000 euros.

Un tercer empresario castellonense investigado en el caso Gürtel es Gabriel Alberto Batalla (Lubasa) que, como los anteriores, facturó a través de su grupo al centro hospitalario. En este sentido, causó gran asombro entre los técnicos descubrir que por el mantenimiento del parking se ha desembolsado más de un millón de euros desde 2010, nada menos que 375.340,82 euros solo en 2015.

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