La exnúmero dos de Divalterra pide el archivo del caso Alquería y acusa al fiscal Anticorrupción de “obviar” dos informes jurídicos clave

Agustina Brines, excogerente de Divalterra, la empresa pública epicentro de la operación Alquería que acabó con la dimisión del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en 2018, ha pedido el archivo de la causa. En un escrito de alegaciones presentado ante el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, la defensa de Brines defiende la contratación en la empresa pública como altos cargos de siete militantes de los partidos Compromís y PSPV que el fiscal Anticorrupción considera irregulares y que podrían ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En un escrito de 16 páginas sellado por el abogado Javier Boix, la defensa de Brines concluye que la contratación de estos cargos estaría amparada por la ley. “De entre los numerosos informes existentes (entre los que se encuentran duplicados, borradores y/o algunos que no responden al caso que nos ocupa), en la querella del ministerio público se citan varios informes, pero se obvian dos que tienen gran importancia”, denuncia en sus alegaciones el letrado de la excogerente.

Se trata, según las alegaciones, de un informe de fecha 28 de octubre de 2015, anterior a la firma de los contratos investigados, emitido por el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València Carlos Alfonso Mellado. En ese sentido, Mellado concluye que “a la vista de las normas sobre uso del contrato de alta dirección en las sociedades mercantiles públicas, a las que se hace mención en el dictamen, es muy posible que un número limitado de jefaturas de máximo nivel, como máximo una en cada área fundamental de la empresa y desarrollando funciones de alto nivel y confianza, puedan ser cubiertas de forma directa mediante contrato de alta dirección”.

El segundo informe que habría obviado el fiscal según la defensa de Brines y que justificaría la contratación de altos cargos fue emitido en septiembre 2016 por la empresa especialista en contratación pública AGES. Según el letrado de Brines, este informe certifica que los contratos de alta dirección que realizó Divalterra y que ahora están en el centro del debate penal se podrían haber realizado por el tamaño de la empresa, más de 700 empleados y porque “con un total de 15 miembros en su consejo de administración la empresa pertenecería al grupo 1 estatal”.

Además, señala el informe de GAES, “en los aspectos no regulados aún por la Diputación de Valencia, y por comparación con la regulación para el sector público estatal, las retribuciones totales percibidas por máximos responsables y directivos de Imelsa (posteriormente Divalterra) quedan muy por debajo del importe máximo que pueden llegar a percibir sus homólogos del grupo 31 del sector público estatal”. 

Ante estos dos informes que el fiscal no habría tenido en cuenta se oponen otros que desaconsejaron la contratación de los altros cargos. Estas contradicciones son una de las principales bazas de la acusación, pero también de la defensa porque se consideraría un tema “no pacífico”.

La defensa de Brines también explica que la creación de esos siete puestos de alta dirección se habría hecho de manera temporal y de manera “excepcional” para el “rescate” de la empresa que estaba en quiebra tras las corruptelas del caso Taula y que “una vez estabilizada la empresa y, consolidadas las áreas definitivamente, estos puestos deberían ser ocupados mediante procesos de selección por profesionales que ya pasarían a formar parte de la plantilla estructural”.

Así, tres de los altos cargos, Pau Pérez, Salvador Femenía y Miguel Ángel Ferri no fueron sustituídos con esa modalidad contractual de altos cargos porque sus nombramientos eran “excepcionales” y Brines alega que no compartió la contratación de Víctor Giménez y Vicente Lucas Ferrando porque no se daba la causa de excepcionalidad cuando fueron “fichados” en febrero de 2018.

Sobre el motivo de no haber pasado los contratos de alta dirección investigados por el Consejo de Administración de Divalterra, la defensa de Brines plantea que no hubiera habido problema de presentarlo porque PSPV y Compromís tenían mayoría en el órgano administrativo de la empresa pública y que los puestos de altos cargos “nunca se ocultaron”, ya que hasta aparecieron en ruedas de prensa.

Además, sentencia, que nunca se solicitó que la aprobación de los contratos tuviera que pasar por el consejo de administración. “Hasta entonces absolutamente nadie había reparado en dicha omisión. Ni mi defendida, ni ninguno de los otros gerentes que pasaron por la institución ni las personas que tenían que velar por el rigor jurídico como Vicente Boquera Matarredona, que ocupó el cargo de secretario del consejo de administración entre 24 de julio de 2015 hasta el 27 de abril de 2016, ni José Luis Vera Llorens, director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia de Divalterra. Tampoco los denunciantes José Luis Pellicer, director de los Servicios Jurídicos y Secretario del consejo de administración de 17 de mayo de 2016 hasta el 19 de diciembre de 2017 ni José Luis Castellote, director económico financiero de dicha empresa ni ninguno de los otros consejeros. Tampoco fue algo en lo que incidiera ninguna de las auditorías internas ni externas realizadas”, relata la defensa de Agustina Brines en la petición de archivo de la causa.