La Diputación de Valencia decide cerrar Divalterra, la empresa que acumula escándalos de corrupción
Los grupos de izquierda que gobiernan la Diputación de Valencia han decidido ahora lo que no decidieron al inicio del mandato: cerrar la antigua Imelsa, rebautizada como Divalterra. La Junta de Gobierno local celebrada este lunes ha acordado un “cierre ordenado”, según confirman desde la Corporación Provincial para la empresa pública a la que se acumulan escándalos de corrupción, desde el que lleva el nombre de la antigua empresa -Imelsa- hasta la última operación policial bautizada como Alquería. Ambas se han cobrado dos presidentes provinciales.
La Corporación provincial asegura que se velará por los derechos de los trabajadores y que el cierre no será precipitado “de la noche a la mañana” para que se haga con todas las garantías posibles. La Junta, presidida por Maria Josep Amigó en funciones, no ha puesto fecha para el cierre de la empresa pública y no se atreve a aventurar un plazo. “No podemos marcar plazos porque la hoja de ruta es vaciarla de competencias, pero dependerá de lo que jurídicamente podamos hacer; Necesitamos informes técnicos y jurídicos que nos digan cómo poder hacerlo”, ha señalado Amigó.
La presidenta en funciones ha explicado que esta idea, que durante las semanas anteriores se iba apartando, ha ido siempre en la hoja de ruta del equipo de Gobierno del ente como vaciar de competencias Divalterra. El resto de formaciones que firmaron el acuerdo de legislatura -PSPV, València en Comú (Podemos) y Esquerra Unida- habáin incrementado la presión desde la detención de Jorge Rodríguez para el cierre de la empresa pública y Compromís no parecía convencido para dar el golpe sobre la mesa.
“Seguimos nuestra hoja de ruta que acordamos en 2015: acabar con el clientelismo y los amiguismos”, insiste Amigó. Desde la Diputación señalan que se irán dejando acabar los contratos y buscando una salida para los trabajadores de entidad, desde brigadistas forestales -casi 600- hasta el personal administrativo.
