“La polémica de ‘trasvase sí o trasvase no’ se ha acabado”

Como ingeniera agrónoma del Estado, Elena Cebrián ha adquirido experiencia a lo largo de dos décadas en la gestión del agua, los parques naturales y la política agraria, todo ello en relación con la Unión Europea. Nacida en Valencia en 1970, fue la mayor sorpresa del nuevo gobierno constituido tras el cambio político en las elecciones autonómicas. En su condición de independiente, se hizo cargo de una de las carteras adscritas a Compromís en el Consell de coalición con los socialistas, la de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. De cultura familiar vinculada al excursionismo, aborda la entrevista en su despacho, tras participar en el monte en un acto de plantación de árboles con escolares del que vuelve encantada.

El suyo es el departamento de los verdes, concretamente de Verds-Equo, en el gobierno autonómico. Una novedad en la política valenciana...

Y en la española también.

En efecto. Es una experiencia nueva, pero no está levantando demasiada polémica. ¿Cómo se explica?

Ha habido un cierto prejuicio de que un partido verde debía estar en posiciones radicales. Nada más lejos de la realidad. Si algo ha aportado el movimiento ecologista, el movimiento verde, es capacidad de concienciación y exigencia de participación en los procesos de decisión. Y eso concuerda mucho con la esencia de este gobierno y con lo que tenemos que poner en marcha. El movimiento ecologista lleva ya muchos años y se está viendo que planteaba cuestiones muy razonables que hoy nadie cuestiona, como el cambio climático, la necesidad de preservar espacios naturales... Incluso donde ha habido enfrentamientos, como en la relación con la agricultura, ahora tenemos una oportunidad en el hecho de que ambos ámbitos estén en la misma conselleria. El sector agrario y el sector pesquero son los primeros que necesitan un medio ambiente sano y unos recursos naturales disponibles. Ese entendimiento mutuo hay que ponerlo en valor.

Pero los propósitos han de transformarse en gestión. Y su departamento tiene una serie de problemas para conseguirlo, entre los que destacan esa conselleria paralela en la que se había convertido la empresa pública Vaersa...

Es un problema que sobrepasa la política agraria o de medio ambiente. Se trata de un tipo de gestión cuyo origen tiene su razón de ser. En todas las comunidades autónomas existen empresas públicas entendidas como un instrumento que ha de ayudar a la acción de gobierno. Pero el problema es que el abuso y su mala utilización han llegado a situaciones como la de Vaersa, una empresa instrumental sobredimensionada, muy difícil de gestionar, que no ha cuidado sus relaciones laborales...

Y que, según diversas sentencias, ha hecho ejecutar a sus empleados tareas exclusivas de funcionarios públicos.

Esa es la otra parte. El abuso ha llevado, y de una manera buscada, no inocente, a la descapitalización de los servicios públicos de esta conselleria y de muchas otras, aunque en esta se ha notado mucho. Se hacía creer a la opinión pública que se ahorraba al reducir la Administración y el número de funcionarios. Y ahora lo estamos sufriendo. Nos hemos quedado sin músculo para realizar funciones básicas. Al mismo tiempo se producía un engordamiento de esas empresas públicas. Hemos llegado a la situación totalmente paradójica, contradictoria y perversa de que esos instrumentos acaban realizando funciones que solo pueden realizar funcionarios. Revertirlo es muy complicado.

¿Podemos decir que el reto más importante es resolver el problema de los residuos?

Sí, es un gran reto racionalizar la política de residuos, hacer que funcionen los consorcios, salvarlo de los vicios políticos y la judicialización en la que ha caído, sobre todo al sur de Alicante...

Bueno, directamente, los residuos han estado en el centro de casos de corrupción.

Efectivamente, como decía nuestro secretario autonómico, Julià Àlvaro, hemos encontrado cosas que huelen peor que la propia basura. Hay que hacer frente a un problema consustancial a nuestra forma de vida. Cada día generamos residuos. Y para gestionarlos tienen un papel fundamental los ayuntamientos. La Generalitat ha de estar ahí velando para que los consorcios funcionen, que se produzca una gestión adecuada, que se cumpla la directiva marco de residuos... Queremos revisar en su momento el plan integral de residuos, pero en paralelo queremos lanzar proyectos piloto que avancen en aspectos como el reciclaje o la separación en origen para llegar a los modelos que se proponen desde la Unión Europea de economía circular. Todo eso enmarcado en una mayor concienciación. Un estudio del CIS refleja que la gente no sabe qué pasa con la basura una vez la deposita en los contenedores.

Lo que usted dice obligaría a hacer transparente lo que siempre ha sido oscuro. ¿Es posible?

Creo que sí. Es muy interesante ver el funcionamiento de las instalaciones de gestión de residuos.

De todas maneras, las luces rojas están encendidas en la Vega Baja...

Y en algunos otros puntos.

No hay vertederos, ni plantas...

La de los consorcios de gestión de residuos es una cuestión de gobernanza, pero solo puede funcionar si existe una buena infraestructura de gestión de residuos. Nos hemos encontrado con un déficit en unas zonas y con instalaciones obsoletas o que casi han llegado a su límite. Y eso exige inversiones. Dada la situación, nos vemos con las manos atadas. Y no es tanto dinero, sin repasamos las cosas que han pasado.

Tradicionalmente ha habido conflictos porque la Administración ha puesto los vertederos en los municipios gobernados por políticos menos afines. ¿Es posible superar esa práctica?

Creo que sí. Debe superarse mediante el diálogo, la buena gobernanza, la explicación de las cosas y por compartir lo que es un problema social que debe resolverse entre todos. En ciencias ambientales se conoce como 'sindrome del patio de atrás' el rechazo a tener ese tipo de instalaciones cerca. Por esos estamos trabajando mucho sobre el terreno. Soy optimista porque creo que hay que serlo para luchar por resolver problemas como el de la planta de Crevillent, que ha sido cerrada por sentencia y que se ha resuelto gracias a la colaboración, en particular, del Ayuntamiento de Villena, que puso a disposición de la sociedad valenciana su planta.

Será porque hay allí un alcalde de los Verdes...

No ha sido fácil para él. También el Ayuntamiento de Xixona y su alcaldesa han colaborado.

¿Es una solución incinerar los residuos?

Nos hemos visto respaldados por varias sentencias en esa materia. Donde no quede más remedio, quizás haya que recurrir a alguna incineración, peor no puede ser una solución generalizada. Y absolutamente no a las grandes incineradoras. Los mismos jueces están señalando que los impactos y consecuencias ambientales de la incineración son gravísimos. Hay que ir al principio, a la reducción y la separación. La idea de que lo que se quema ya no existe es errónea. Produce emisiones.

Otro gran problema es el del agua, pero parece que ha entrado en otra fase. ¿Qué ha cambiado?

Acierta totalmente, estamos en una fase diferente. Me gustaría creer que ha sido gracias a nosotros también. Es necesario plantear la cosa seriamente, volver a un debate técnico y consensuado, dejar de utilizar el agua como arma arrojadiza... Es demasiado serio el problema. Hay que dejar de manipular a la opinión pública y buscar consensos. El planteamiento óptimo es alcanzar una visión integradora del recurso y de futuro. Eso supone hablar de cambio climático, que apunta a cambios en los patrones geográficos de las lluvias, con lluvias más intensas en el litoral valenciano, por ejemplo, y reducción de precipitaciones en el interior, mientras los grandes embalses están en el interior. La polémica de trasvase sí o trasvase no, o el agua para todos, se ha acabado. Hay que dejar de pensar en cómo conseguir más agua y pensar cómo racionalizar la demanda.

¿Tenemos realmente conciencia de lo que cuesta el agua?

Es un mundo muy complicado.

¿Pero en el fondo la guerra del agua no consiste en obtenerla más barata, al margen de los costes de las infraestructuras públicas que eso implique?

Una premisa de la directiva marco es que se deben internalizar todos los costes en el precio del agua. Pero hay que diferenciar a los usuarios. Es posible que haga falta un pago del agua de beber justo y quizás más elevado. Otro debate es el del uso del agua para la agricultura, en la que supone uno de los mayores costes. Habría que incentivar el modelo de agricultura de futuro y de sector agroalimentario que queremos para el futuro.

Su conselleria lleva el cambio climático en el nombre. ¿Cómo lo van a abordar y a partir de qué datos?

Hay datos suficientes, pero no estamos solo en la parte de mitigación sino también en la de adaptación al cambio climático. Y eso implica una política transversal a todo el Consell, que en cada línea de acción se prevea la lucha contra el cambio climático. Infraestructuras, vivienda y territorio tienen mucho que ver. El ejemplo es el plan de protección contra inundaciones (Patricova). Donde más estamos incidiendo con la Conselleria de Economía es en lo que se refiere a la energía. Sí o sí la de cambio climático y energía debe ser una estrategia prioritaria porque se trata del primer generador de gases de efecto invernadero y el primer sector que ha de experimentar una transformación de fondo. Es imprescindible una “transición energética”. Me refiero a eficiencia energética, energías renovables… El cambio climático también afecta a la salud, lo hemos visto con la llegada del mosquito tigre y otras especies invasoras.

¿Qué utilidad tienen y por qué no hay ninguna reserva de la biosfera en territorio valenciano cuando sí las hay en la práctica totalidad de las comunidades autónomas?

En otra época profesional trabajé precisamente en eso. Es una figura de la Unesco con un componente fundamental de protección y valoración de la presencia del hombre y su convivencia con la biosfera. En España hay alrededor de 40, muchas de ellas coincidentes con espacios naturales o parques nacionales. Sorprendentemente, la Comunidad Valenciana no tenía ninguna. ¿Las razones? Es la evidencia de un desinterés y un desconocimiento de las corrientes internacionales de protección del patrimonio natural. Cuando llegamos, nos encontramos con un proyecto muy interesante, muy modesto pero en el que han invertido mucho esfuerzo y perseverancia en el Alto Turia. Lo han hecho sin apoyo prácticamente de la Generalitat. Lo primero que hicimos es ayudarles a adecuar la catalogación y los planes de gestión de los espacios locales protegidos que ya existían. Solo con ese respaldo institucional, la candidatura ya entró en la lista de reservas. La reserva, en realidad, no añade protección al espacio natural pero sí un marchamo de calidad en la convivencia del hombre con la biosfera.

Hablando de protección de espacios, su política de profesionalizar a los directores de parques naturales ha causado una cierta polémica. ¿Por qué?

Sí, a veces ocurre…

¿Se trata de apartar a los políticos de la dirección de los parques?

Eso es. Así de claro. Ya lo hemos hecho. En 2010, el PP cambió un artículo de la ley de espacios naturales de 1994 para inventarse la figura del dinamizador de parques naturales frente a la de director-conservador, que es una figura fundamental en la gestión de cualquier espacio protegido. Lo peor fue que utilizaron esa figura para politizar, enchufar a amigos o colocar a concejales del partido. Lo que hemos hecho es revertir esa modificación y restaurar la figura del director-conservador. Ahora estamos trabajando con Función Pública, y ya se sabe que eso va despacio, en adscribir mediante comisiones de servicio a funcionarios con titulaciones adecuadas. Suscitó polémica, porque se interpretó mal, que en esa comisión de servicios se quitara la restricción a los funcionarios de educación para que pudieran entrar también siempre que tuvieran el currículo y formación que se necesita. ¿Por qué restringirlo a cuerpos de la Administración especial? Se entendió mal, pero lo principal es volver a profesionalizar la dirección de los parques, que se haga por procedimiento abierto de concurrencia. De momento, se cubrirán los puestos por comisión de servicio. A largo plazo, lo ideal sería abrirlo a oposiciones.

Hablemos de agricultura. ¿De algún modo, podemos decir que el medio ambiente no puede sobrevivir sin protección y la agricultura valenciana tampoco?

Exacto.

¿Qué orientación debe tener esa protección?

Lo primero es contar con el sector. Hemos organizado una mesa de trabajo para tratar ese modelo de sector agroalimentario valenciano que se necesita. Hablo de sector agroalimentario porque incluyo la transformación y la comercialización. Nuestro equipo es temporal, pero hay que establecer con el sector un modelo. Lamentablemente, el diagnóstico se parece mucho al que nos enseñaban cuando yo estudiaba, hace 20 años: pequeña dimensión de las explotaciones, minifundismo, envejecimiento de la población activa agraria, abandono, desequilibrios territoriales, falta de rentabilidad…. Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. Pero hay que acordar medidas. La primera será plantear una ley de ordenación y modernización de las estructuras de producción y comercialización. El segundo aspecto es un plan de sanidad agraria y ganadera. Otro punto de trabajo es la producción ecológica, en la que hay mucho recorrido porque estamos muy a la cola y existe gran demanda en mercados de destino de Europa de alto poder adquisitivo y otros lugares. Por supuesto, hay que poner en marcha el plan de desarrollo rural y el programa operativo de la pesca, así como el refuerzo del sistema de innovación agroalimentario valenciano, fundamentalmente a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), para volverlo a situar como el gran referente que era. También hay que dar una segunda vuelta al cooperativismo, potenciando la participación de los socios y la colaboración entre cooperativas. En definitiva, hay que prepararse para la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), para un mundo cada vez más global, para los retos del cambio climático, etc..

Da la sensación de que la lucha entre los agricultores y las grandes cadenas de distribución no hace más que agudizarse… Y de que los productores pierden esa batalla cada día un poco más.

Hay un gran desequilibrio entre la estructura de producción primaria y la de comercialización. Los grandes operadores al final son cuatro o cinco. El poder de negociación está muy desequilibrado. Se juega con unos márgenes tan reducidos que el eslabón más débil acaba no teniendo margen. Es importante reducir ineficiencias en la producción y ganar un margen más holgado para el agricultor, pero no se pueden permitir prácticas comerciales muy negativas, ya no solo la venta a pérdidas, sino también prácticas de venta a resultas, es decir, condicionadas a cómo vaya el mercado. Tener poder de mercado no es ilegal, pero sí el abuso. Son temas muy delicados. Pero he de decir que nos hemos reunido con ellos y están dispuestos a hablar del tema. Saben que el producto de la Comunidad Valenciana es muy bueno y que no pueden estirar tanto la cuerda que al final se rompa. Por otra parte, con la Conselleria de Economia estamos trabajando en regular el comercio de proximidad, el comercio de temporada, para compensar. Todo debe convivir.

La política agraria europea tiene fama de no saber muy bien cómo es realmente la agricultura de aquí.

Su origen está más vinculado a grandes producciones de vacuno y lácteo que a los productos mediterráneos. La PAC es muy compleja y presenta todavía ciertas rigideces. Se ha ido equilibrando con el pilar del desarrollo rural frente al sistema intervencionista de subvenciones directas. Alrededor del 30% de la renta agraria española procede de ayudas de la Unión Europea, pero en la Comunidad Valenciana ese porcentaje está en el 7% u 8%. Ahora, eso es una ventaja. La política de la PAC se encamina cada vez más al apoyo al desarrollo rural y menos a las ayudas directas.

La gestión de de las ayudas europeas supone un problema para la Generalitat, a tenor de las multas que ha impuesto Bruselas por defectos de control. ¿Qué están haciendo para evitar eso?

Nos hemos encontrado con un problema muy grave. Los servicios que tienen que gestionar las ayudas están descapitalizados, no solo en la conselleria sino en las delegaciones territoriales, que tienen que pedir a los agricultores un montón de papeles, porque las ayudas de la PAC son de lo más farragoso. Es mucho dinero el que hay que repartir hasta los últimos confines de la Unión Europea, y eso exige controles. Pero la estructura de funcionarios está en mínimos, con una presión tremenda.

Quiere decir que le falta gente.

Me falta mucha gente. El 90% de la multa de seis millones que nos notificaron en julio pasado se basaba en deficiencias de controles. Hay que reforzar la estructura administrativa y de medios. Hay que tener un servicio público bien dotado.

¿La culpa es de los recortes?

Ha sido un recorte muy mal entendido. Recortar en funcionarios nos ha costado esos seis millones y los que nos puedan caer. Cargarse la Administración pública está costando dinero.