El fiscal pide cárcel para dos exalcaldes de Orihuela por amañar el contrato de la basura
Nuevo problema judicial para el dueño de las basuras en la Vega Baja, Ángel Fenoll. Pese a que la Audiencia Provincial de Alicante lo había librado de 35 años de cárcel por un presunto fraude a las arcas públicas de 4,5 millones de euros, su implicación en el 'caso Brugal' puede enviarlo a la prisión. El fiscal Pablo Romero, en un extenso escrito, pide 44 años de cárcel para el empresario por un presunto amaño en la contrata de recogida de la basura en Orihuela.
El Ministerio Público reclama 12 años y 8 años de prisión para el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y la exprimer edil, Mónica Lorente, ambos del PP, respectivamente. El escrito sitúa a Fenoll como el supuesto jefe de la trama alrededor del negocio de las basuras, pero señala a una treintena de responsables en la manipulación de la adjudicación. La Fiscalía encuentra siete delitos para los principales investigados en la pieza originaria del 'caso Brugal'. Estos van desde el fraude, el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias a la extorsión, la asociación ilícita y el delito electoral.
La concesión fue dada a Urbaser después que Medina, condenado por prevaricación en 2013 y distanciado de Fenoll, decidiera sacar a concurso la contrata. Antes de resolverse la licitación, Fenoll se habría reunido con un concejal del Centro Liberal, el cual le habría revelado que la empresa que iba a ganar sería Urbaser, filial de la empresa propiedad de Florentino Pérez ACS. ¿La razón? Habría sobornado al alcalde y a los concejales con tres millones de euros. Fenoll que había acudido a la reunión con una grabadora, entregó la cinta a la Fiscalía Anticorrupción. Es el nacimiento del 'caso Brugal'.
Más tarde, el concurso quedó paralizado. Y fue Lorente quien lo reactivó. El fiscal entiende que en la nueva adjudicación salió beneficiado Fenoll, ya que se hizo con la contrata a través de testaferros con diversas empresas tapadera que participan en la licitación. Concurso que, según el escrito, estuvo amañado.
El fiscal, además, solicita penas de prisión para ediles como Ginés Sánchez, que se enfrenta a 17 años de prisión; Jesús Fernández a 16 años; Antonio Rodríguez Murcia a 11 años; Manuel Abadía a siete; Antonio Lidón a cuatro. Para la mayoría de políticos se fijas penas elevadas de inhabilitación y se reclaman indemnizaciones millonarias -que superan los 6 millones de euros- para aquellos que aprobaron el pago de las facturas a las mercantiles que conformaban el entramado de Fenoll.
A Javier Bru, uno de los más estrechos colaboradores del 'capo' de las basuras, el fiscal le pide nueve años de cárcel. Para Colsur y Proambiente, sociedades actualmente sin actividad, se les fija una responsabilidad subsidaria civil. Un nuevo síntoma de la caída a los infiernos de quien dominó a placer la parte más sur del País Valenciano.
