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La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el expresidente del Puerto

El ministerio público reclama 19 años de inhabilitación a Rafael Aznar por cobrar indebidamente 160.000 a través de la sociedad pública que iba a comercializar la Zona de Actividades Logísticas.

El expresidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar

El expresidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar

El cerco judicial se estrecha para el expresidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar. La Fiscalía de Valencia solicita para el exdirectivo portuario una pena de cinco años de prisión y 19 de inhabilitación por el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) hasta 2011. Hecho que estaba prohibido por ley. Por ello, le atribuye a Aznar los delitos de prevaricación administrativa y malversación continuada de caudales públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso. 

La Fiscalía también reclama la misma pena -cinco años- para los otros tres acusados en esta causa: dos exdirectivos del Puerto y el abogado del Estado Fernando Llopis. Les atribuye los mismos delitos pero en calidad de cooperadores necesarios. A todos ellos solicita, además, que paguen las costas y devuelvan las cantidades cobradas de forma irregular por estos sobresueldos. El fiscal ha entregado su escrito de acusación después de que el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia diera por finalizada la instrucción de esta pieza -en total, hay dos- y dictase un auto de procedimiento abreviado.

En él, establece que Aznar se valió de VPI para enriquecerse supuestamente de forma irregular. El exdirectivo del Puerto, antes de que la justicia pusiera su ojo sobre estos cobros irregulares, devolvió 70.000 euros de los que había percibido desde 2008. Ahora, la Fiscalía le reclama que retorne los otros 90.000 que se embolsó. A los otros implicados, les pide que abonen los 120.000 euros que cobraron de la mercantil pública. 

Aznar que fue substituido por el socialista Aurelio Martínez tras el cambio de gobierno en la Generalitat Valencia -aunque Martínez lo ha mantenido en el Puerto- también está salpicado por otros asuntos. El juez investiga varias contrataciones irregulares que se hicieron desde la entidad portuaria así como contratos relacionados con la construcción de los accesos para el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. Bajo su mandato el Puerto de Valencia se ha convertido en el muelle donde atracan las sospechas. Por aprobar estos sobresueldos al margen de la ley, fueron imputados el diputado en las Cortes Valencianas Jorge Bellver y el exvicealcalde de Valencia y también imputado en el caso Nóos, Alfonso Grau. 

La sociedad de la que supuestamente percibió el dinero ha estado sin actividad, ya que era la encargada de comercializar el suelo de la Zona de Actividades Logísiticas (ZAL). La construcción de esa zona significó la expropiación forzosa de casas de gente de la pedanía de La Punta. La justicia acabó dando la razón a los vecinos y consideró ilegales los planes urbanísticos cuando ya estaban ejecutados. El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), batalla con el nuevo presidente del Puerto, Aurelio Martínez, para convertir la ZAL en huerta. Martínez se niega. 

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