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La Fiscalía defiende que el decreto de plurilingüismo es legal porque ni "impide ni obstaculiza la enseñanza en castellano"

El ministerio público se opone a la denuncia del sindicato CSIF, que denunció que la reforma educativa de la Generalitat vulneraba el "derecho a la igualdad" consagrado en la Constitución

La Fiscalía también cree que CSIF no está legitimado para interponer la denuncia al no representar ni a los colegios ni a los alumnos

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El conseller de Educación, Vicent Marzà, en el centro, en la trobada de Escola Valenciana en Montaverner en 2016.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, en el centro, en la trobada de Escola Valenciana en Montaverner en 2016.

La Fiscalía ha dado un espaldarazo al decreto de plurilingüismo de la conselleria de Educación que cambia las tradicionales líneas en valenciano y en castellano por otro sistema donde los colegios que opten por más tiempo de enseñanza en valenciano tendrán más horas lectivas en inglés y recibirán acreditaciones oficiales del conocimiento de este idioma.

CSIF, un sindicato de la función pública, denunció el decreto ante el Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana. En su recurso, defiende que la medida aprobada por el conseller Vicent Marzà "vulnera el derecho a la igualdad, en este caso de alumnos que quieren recibir enseñanza en castellano, ya que supone un trato discriminatorio". Se "arricona al castellano" con el gancho del inglés, viene a denunciar la organizacion.

El ministerio público tumba esos argumentos. En su auto, de siete páginas, dice con claridad que el decreto ni "impide ni obstaculiza la enseñanza en castellano". Ni "se proscribe". A "nadie se impide el que si quiere recibir enseñanza mayoritariamente en lengua castellana la reciba. Simplemente deberá elegir el centro que adopte el nivel educativo que mejor le convenza".

Por ello, sigue la fiscalía, no se "lesiona el derecho fundamental a la igualdad", artículo 14 de la Constitución Española, en contra de lo que defiende CSIF. "Que según el nivel que elijan [hay tres: avanzado, intermedio y básico, con presencia decreciente del valenciano y el inglés} haya más o menos valenciano, castellano o inglés" no viola ningún derecho, "se trata de una opción de política lingüística".

Además, el ministerio público cree que CSIF no está legimitado para recurrir el decreto en la vía contencioso-administrativa. Sufre de "falta de legitimación activa", en la jerga jurídica. El sindicato no representa ni a los alumnos ni a los centros valencianos, y "deberían ser estos quienes, en su caso, recurriesen" el decreto de plurilingüismo.

El TSJ ha suspendido de manera cautelar el decreto, respaldado este miércoles por la mayoría del parlamento valenciano,  tras el recurso de la Diputación de Alicante.

Este es el auto de la Fiscalía, hecho público por Escola Valenciana.

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