Fiscalía se querella contra Ortiz por sobrecostes en una obra de Alcoi
Los negocios de Enrique Ortiz con la administración pública parecen ser sinónimos de acabar en los juzgados. A los asuntos urbanísticos por los que se encuentra imputado en la ciudad de Alicante –casos ‘Brugal’ y Rabassa- y a otros conflictos que mantiene con diversos ayuntamientos alicantinos, ahora se le puede sumar otro frente.
De momento, ya se ha dado el primer paso. Y lo ha hecho la Fiscalía presentando una querella ante el juzgado número 2 de Alcoi contra el empresario y el director de la obra al apreciar supuestos delitos de estafa y falsedad documental. El escrito elaborado por el Ministerio Público tiene su origen en la denuncia que impuso el gobierno municipal compuesto por el PSPV-PSOE y Esquerra Unida.
Los hechos cuestionados son los pagos por valor de 2,3 millones de euros que hizo el ayuntamiento en 2009 a la empresa encargada de elaborar la reforma del Teatro Calderón de Alcoi. La mercantil adjudicataria era Ortiz e Hijos, propiedad del también dueño del Hércules C.F. La obra presupuestada en 8 millones de euros, acabó costando 5 millones más de lo previsto. El gobierno lo ostentaba entonces el popular y afín a la corriente zaplanista Jorge Sedano, hoy candidato por Ciudadanos a la alcaldía de la ciudad.
“Hay muchas posibilidades de que sea admitida a trámite. Para nosotros está claro a tenor de lo narrado en el informe pericial”, afirma Estefanía Blanes, portavoz de Esquerra Unida en la ciudad. “Yo creo que no se dará carpetazo al asunto”, opina Lorena Zamorano, edil socialista de Régimen Jurídico en Alcoi. “La admisión de la querella sería un espaldarazo a lo que venimos denunciando, y evitaría que un hipotético cambio de gobierno frenara el proceso de reclamar a Ortiz el dinero que debe a los alcoyanos”, expresa.
Pagos polémicos
Cobros adicionales que ya entonces estuvieron rodeados de polémica. Primero, porque se habían hecho eludiendo la ley de contratos. Y segundo, porque la auditoría encargada por el ayuntamiento tras ser reconquistado por la izquierda en forma de tripartito –EUPV, Compromís, PSPV-PSOE-, revelaba que parte de esos pagos correspondían a sobrecostes. El perito que había realizado el informe los cifró en 1,2 millones.
Cantidad que se abonó a través de métodos llenos de sospechas. Entre ellos, destacaban recibos cobrados dos veces u obras facturadas por encima del precio de mercado. Los pagos fueron certificados entonces por el director de obra –junto a Ortiz, el otro afectado por la querella- que no era un funcionario municipal, sino un técnico externo “puesto por la propia empresa”, según señala Blanes.
Unos sobrecostes que ya enfrentaron en el juzgado al Ayuntamiento y al presunto cabecilla de ‘Brugal’. El perito judicial los redujo entonces a 1.070.000 euros. Y la resolución del conflicto no fue nada del agrado del consistorio: el juez eximió a Ortiz de pagar los “desmanes” del Calderón tal como pedía la corporación municipal ¿La razón? Consideraba que los abonos no tenían entidad jurídica y quién los tenía eran los acuerdos, que estaban prescritos.
La decisión acabó motivando –tal como adelantó el diputado de EUPV Lluis Torró a ElDiariocv- la presentación de una denuncia por la vía penal, tras fallar la administrativa. Una victoria de Ortiz que puede convertirse en pesadilla para el procesado en la pieza de la presunta financiación ilegal del PPCV.
