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Camps y Barberá no tienen silla en el juicio del caso Nóos

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Adolf Beltran

En las sillas de los acusados de la sala de Audiencia de Palma (más bien la nave habilitada para ello) donde este martes ha comenzado propiamente la vista oral del juicio del caso Nóos, tras la sesión preliminar de hace unos días, se sientan la infanta Cristina y también el expresidente balear Jaume Matas, del PP. Pero hay dos grandes ausentes: Francisco Camps y Rita Barberá, a quienes el juez que instruyó la causa, José Castro, consideró responsables del convenio con el instituto de Iñaki Urdangarín que costó más de tres millones de euros a los valencianos, pero no pudo acusarles directamente. La preceptiva intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que se negó a asumir la tarea, los dejó al margen.

Es uno de los ejemplos más claros para sustentar la reclamación, hoy apoyada por muchos sectores políticos y ciudadanos, de que cargos públicos, parlamentarios autonómicos, diputados y senadores dejen de gozar de aforamiento. El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha conseguido hasta ahora salir indemne del caso Gürtel, una causa judicial de ámbito estatal que en su rama valenciana se dividó en seis piezas y que afecta a decenas de cargos, entre ellos varios exconsellers y expresidentes de las Corts Valencianes, de la época campista. Y también de Nóos

En Gürtel, Camps tuvo la suerte procesal de ser absuelto por un jurado popular en el denominado caso de los trajes, en los inicios de la investigación judicial de la trama, lo que le 'desconectó' del resto de los supuestos de prevaricación, malversación y cohecho en los que habrían incurrido los miembros de la trama corrupta y sus “amigos del alma” en la política valenciana. Es verdad que pagó un coste. Tuvo que dimitir como presidente de la Generalitat poco antes del juicio. Pero a día de hoy no está imputado en ninguna de esas piezas. Sólo está investigado, como ahora se denomina la imputación, una vez perdido su aforamiento (dejó de ser diputado en el cambio de legislatura), en la instrucción de otro de los despropósitos de su época de gobierno, la organización de la Fórmula 1 en Valencia.

También ha logrado eludir el caso Nóos gracias al privilegio de que su eventual imputación fuera decidida por un Tribunal Superior que no quiso cargar con la instrucción de la rama valenciana. Con ello, el asunto quedó incompleto en Palma y los únicos dos políticos capaces realmente de inducir a la Generalitat y el Ayuntamiento a suscribir con Urdangarín acuerdos similares a los que han llevado a Jaume Matas al banquillo pueden seguir la causa por streaming desde sus casas.

En el banquillo de los acusados se sientan cinco valencianos: el que fue vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por lo que atañe a los fondos detraídos de forma supuestamente ilegal por Urdangarín del Ayuntamiento a través de la fundación de turismo, y Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado, por lo que afecta a las empresas públicas de la Generalitat Valenciana que concurrieron en el saqueo. La ruptura de Grau con Barberá, evidenciada estos días tras el estallido del escándalo de supuesto cobro de comisiones, financiación ilegal del PP y blanqueo de dinero negro que se ha llevado por delante la estructura del partido en la ciudad y ha situado a la pareja de Grau, María José Alcón, entre las decenas de imputados, ha abierto un impasse sobre lo que el exvicealcalde pueda llegar a declarar.

Si alguien puede 'rescatar' a Barberá para la causa de Nóos, con permiso del Tribunal Supremo, porque ella sigue siendo aforada en tanto que senadora, ese es Grau. Está por ver, sin embargo, si algo así le conviene desde el punto de vista de su estrategia de defensa.

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