La Generalitat asume la deuda del Hospital Provincial de Castellón y anuncia un plan inversor de 19,6 millones de euros
El futuro del Hospital Provincial de Castellón ha dejado de ser incierto. No por la desaparición del modelo de Consorcio, causante de las irregularidades contables y administrativas detectadas de la etapa de Gobierno del Partido Popular, sino por el Proyecto Integral que la Generalitat Valenciana ha diseñado hasta 2019. Aunque la conselleria de Sanitat Universal i Salut Mental ha descartado por el momento asumir la gestión plena del centro sanitario, sí que ha aprobado un ambicioso rescate que “garantizará la viabilidad económica, evitando además la quiebra”, según la consejera, Carmen Montón.
El plan elaborado por la Generalitat tendrá varias vertientes. En el aspecto financiero, Hacienda asumirá en diferentes plazos la deuda que arrastra el hospital de más de 30 millones de euros. Paralelamente, Sanidad impulsará un paquete de inversiones por un importe de 19,6 millones de euros, que permitirá reformar el bloque quirúrgico, finalizar el nuevo edificio oncológico (más de 1.000 metros cuadrados), adquirir un PET-TAC y una gamma-cámara, al tiempo que poner en marcha la cámara hiperbárica en 2017, inactiva desde hace cinco años. Además, se renovará el espacio de urgencias, se ampliará el sótano y se construirán las nuevas Unidades de Hospitalización Domiciliaria y de Conductas Adictivas.
Todos estos cambios irán acompañados de un protocolo de coordinación con el General, de manera que desaparecerán las quejas de los pacientes al no compartirse los expedientes entre los especialistas de un centro y otro. Del mismo modo, los profesionales trabajarán de forma armonizada, lo que se traducirá “en una mejor atención a los ciudadanos”, según precisa Montón.
La metamorfosis en la administración del Provincial también afectará a los propios funcionarios. Así, la Conselleria está a la espera de recibir un informe de recursos humanos encargado a la Universitat Jaume I para tomar decisiones sobre la plantilla, tanto en lo que corresponde a los 120 empleados eventuales cuyos contratos finalizan el 9 de noviembre (contrataciones irregulares desveladas por la auditoría) como a la presencia de 33 trabajadores con remuneraciones superiores al sueldo de un alto cargo. En este sentido, la consellera se muestra muy tajante: “Se trata de una anomalía que legalmente habrá que estudiar para ver qué hacemos”.
Esa singularidad respecto a las percepciones salariales de determinados funcionarios forma parte de la amplia denuncia presentada ante la Fiscalía, de la que hasta la fecha no se tienen noticias. Tampoco hay novedades sobre la querella que en su día interpuso la Diputación de Castellón, a través de su vicepresidente, Vicent Sales (PP), contra Montón. “Oficialmente no ha llegado nada a la Conselleria. Lo que parece extravagante es que uno de los socios del Hospital Provincial (en alusión a la institución provincial) no supiera lo que estaba pasando en el centro sanitario en estos últimos años. Lo deseable sería que, en lugar de estar anclado en el victimismo y las quejas, tuviera una mayor implicación política y presupuestaria”, concluye.
