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La Generalitat quiere acabar con los privilegios de Camps y sus expresidentes

El exdirigente del PP, imputado por el pufo de la Fórmula 1, cobra 57.000 euros al año en el ‘Consejo de Estado’ valenciano

El juzgado abre diligencias por la F-1 contra el expresidente Francisco Camps

Francisco Camps.

El socialista Ximo Puig será elegido el jueves presidente de la Generalitat y su gobierno – formado por el PSPV-PSOE y Compromís con el “apoyo crítico” de Podemos- ya tiene una larga lista de tareas, plasmadas en el Acord del Botànic. Otro de sus objetivos es acabar con los “privilegios” de los expresidentes de la Generalitat, entre ellos, Francisco Camps.

Camps dimitió en 2011 antes de ser juzgado –fue absuelto- por el caso de los trajes, una ramificación menor de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana. Actualmente, está siendo investigado por la organización de la Fórmula 1 en Valencia, que costó 300 millones al contribuyente, que, en otras cosas, sufragó el rescate con dinero público de la empresa quebrada a la que se adjudicó la gestión de la prueba.

Pese a todo, Camps se acogió hace cuatro años a la ley que rige para los expresidentes para ocupar plaza en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) –el Consejo de Estado valenciano- a cambio de 57.000 euros al año. Con la legislación actual, podría ocupar ese cargo hasta 15 años. En uso de sus prerrogativas, también contrató a una secretaria y un chófer. Ningún otro expresidente entró nunca en ese organismo.

Compromís quiere acabar con esos “privilegios”. Mónica Oltra, futura vicepresidenta de la Generalitat, explicó en rueda de prensa junto a Puig, que la iniciativa no va contra Camps, sino “a acabar con prebendas sin encaje en los tiempos que vivimos”. “La norma también afectará” a futuros expresidentes, es decir, Puig, dice la líder de la coalición.

Sin embargo, el resto de expresidentes apenas serían afectados por la norma ya que apenas hacen uso de las posibilidades de ésta. Joan Lerma, del PSOE, es senador; José Luis Olivas, bajo cuyo mandato Bancaja desapareció, está lejos de la política e inmerso en causas judiciales y, Eduardo Zaplana, que dejó la Generalitat para ser ministro con José María Aznar, se dedica a la actividad privada tras fichar por Telefonica nada más abandonar la política.

Sacar a Camps del Consell Jurídic Consultiu, sin embargo, no será fácil. Hay que modificar dos leyes –la de expresidentes y la del CJC- que necesitan de tres quintas partes del parlamento valenciano. El PP siempre se ha opuesto, por lo que Ciudadanos debería apoyar la propuesta de Compromís, Podemos y el PSOE, que nunca ha hecho un asunto vital de esta iniciativa.

Además, como reconoce Oltra, no está claro que una reforma de esas leyes tenga efecto retroactivo y pueda sacar a Camps del organismo consultivo. El expresident, mientras, según fuentes del PP, sigue viviendo encerrado en su domicilio y está totalmente al margen de la política. Durante la legislatura pasada, apenas pisó las Corts Valencianes, donde era –sin sueldo, renunció- diputado.

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