La Generalitat mantiene 592 viviendas vacías tras desahuciar a 412 familias
Desde 2009 y hasta 2011, la Generalitat ha desalojado 412 viviendas públicas por impagos de alquiler, según reconocía la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ante una pregunta presentada por la diputada de Compromís Mònica Oltra en Les Corts para que el Consell informara de cuántas personas han sido desahuciadas o se les ha rescindido el contrato en viviendas del antiguo IVVSA -actualmente integrado en el EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat).
Según reconocía la consellera, estos desalojos produjeron como consecuencia de la “persistencia en los incumplimientos”, por lo que “no quedó más remedio que proceder a la rescisión del contrato y, finalmente, a la tramitación del auto judicial”. Por lo que respecta a los años 2012 y 2013, Bonig apuntaba que no se había realizado ningún desalojo en viviendas de titularidad de la Generalitat.
Para Oltra, quien ha reclamado hoy al gobierno del PP que ofrezca una solución a las 412 familias desalojadas en los últimos años por Conselleria, el hecho de que desde 2012 el Consell no haya proseguido con su política de desahucios en las viviendas públicas evidencia “el triunfo de la presión social -ejemplificada en colectivos como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)- contra estas injustas medidas”.
No obstante, afirma que el daño ya se le ha causado a estas 412 familias en los últimos años, “conocemos casos que tras quedarse en la calle, malviven como pueden sin ayuda de la administración y que han tenido que recurrir a la ocupación de alguna vivienda vacía para poder vivir bajo un techo”.
592 viviendas públicas vacías
La respuesta de Bonig también apunta que a fecha 10 de diciembre de 2013 existen 592 viviendas vacías de titularidad pública en la Comunitat Valenciana. De ellas, según Conselleria 316 no estarían habitables a corto plazo por cómo las dejaron los anteriores inquilinos, con un coste de reparación “demasiado alto en las actuales disposiciones presupuetarias”. Del resto, 56 viviendas se encuentran en proceso de rehabilitación para una próxima adjudicación, “no se dice cuándo”, y 220 están en valoración para ser rehabilitadas próximamente.
A juicio de la parlamentaria de Compromís, “cuesta asimilar” que la administración desahucie a familias por falta de pago de los alquileres sociales mientras mantiene cientos de viviendas vacías, “no nos vale la excusa de conselleria sobre el mal estado de los inmuebles, ya que es una circunstancia que se arrastra desde hace años que no se soluciona por la falta de inversión pública”.
