La Generalitat vota contra el objetivo de déficit impuesto por el gobierno
El gobierno ha impuesto a la Generalitat un déficit del 0,7 % del PIB para 2017, muy lejos del 1,4% solicitado por el Consell dada su enorme deuda -44.0000 millones de euros- y la insuficiencia de recursos proporcionados por Madrid, la llamada infrafinanciación autonómica.
La decisión ha sido comunicada en el Consejo de Politica Fiscal y Financiera (CPFF), la reunión entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los consejeros de hacienda de las comunidades autónomas. La medida del gobierno ha soliviantado al Consell, que ya votó en contra de la suavización del objetivo de déficit pactado por PP y PSOE para las comunidades autónomas.
“Hemos votado en contra del objetivo de déficit porque es homogéneo y atenta contra los derechos de los ciudadanos y no respeta ni la equidad ni la suficiencia”, ha dicho Vicent Soler, el conseller de Hacienda.
La Generalitat dice que el tratar de la misma manera -con el mismo objetivo de déficit- a autonomías con realidades diferentes -la valenciana tiene la mayor deuda de España y es una de las peor financiadas- es injusto, discriminatorio y va contra el criterio de la autoridad fiscal independiente (la Airef) e implicará que no se puedan atender necesidades básicas de los valencianos en sanidad, educación o servicios sociales.
Según Soler, todos los españoles “merecen la misma dignidad”. La decisión del gobierno se traducirá, según el conseller, en “listas de espera más largas o barracones en las escuelas”. Antes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya había fijado la posición del gobierno valenciano. “Con la financiación actual no podemos cumplir el objetivo de déficit”. “No podemos cumplir este déficit, que no respeta la equidad, ni pagar la deuda que generará”, ha asegurado Soler a la salida del CPFF.
La Comunidad Valenciana, Cataluña (aunque su voto no ha contado dada la ausencia de su conseller de hacienda, Oriol Junqueras) y Baleares han vuelto a votar en contra de la decisión del gobierno. Ocho comunidades la han apoyado y las seis gobernadas por el PSOE se han abstenido.
