El funcionario que manipuló documentos clave del caso antes de la detención de Zaplana se 'salva' por la falta de cámaras de seguridad
La investigación sobre el funcionario que entró en los archivos de la Generalitat días antes de la 'Operación Erial' y la detención de Eduardo Zaplana ha concluido sin poder sacar demasiadas conclusiones. La Inspección de Servicios, dependiente de la Consellería de Transparencia, no ve indisciplinas en las dos entradas de un directivo en el almacén donde, teóricamente, se guardaba la documentación del Plan Eólico y que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró antes de la operación.
Días antes de la intervención policial, Alfonso Roselló, marido de una exdirectora general de Zaplana, estuvo consultando y manipulando varios expedientes en el citado almacén, según consta en el registro. Transparencia ordenó investigar esta cuestión, pero, según el informe, la falta de cámaras ha lastrado este intento.
“Ante la hipótesis publicada en la prensa de que fuera el jefe del servicio quien, presuntamente, accedió a la documentación relacionada con el Plan Eólico, no es posible asegurar si ello fue así, dado que no hay cámaras de vigilancia en el interior de los depósitos”, reconoce el documento de la inspección. Por ello, el organismo ha concluido que no ha habido actos o conductas “constitutivos de falta disciplinaria”.
No obstante, el informe arroja otro dato sobre el asunto: la documentación del plan Eólico, dice, no se encuentra en el almacén registrado. “Se ha corroborado que [la documentación correspondiente a la adjudicación del plan Eólico] está depositada en el archivo central de la Torre 2 -Complejo Administrativo Nou d'Octubre- y que nunca se trasladó al Complejo Logístico y de Archivo de la Generalitat (CLAG) ubicado en Riba-roja”, apunta la inspección.
“Todo ello, nos lleva a concluir que, en principio, la documentación encontrada no tenía relevancia ni relación directa con el proceso de adjudicación de las zonas eólicas, puesto que se trata de documentación administrativa necesaria para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica”, dice el informe, que también apunta al “caos organizativo” del almacén de Riba-roja, que ha motivado ciertas confusiones.
En este centro no existe un inventario único, sino que cada conselleria se encarga de la documentación que archiva en estas instalaciones. “Cada departamento tiene unas personas autorizadas para acceder a las dependencias del archivo y se encarga de gestionar la documentación que tiene allí almacenada”, apuntó en su día la consellería de Hacienda, de quien depende el archivo.
Al margen de ordenar los archivos, el informe arroja dos recomendaciones sobre la necesidad de extremar el control: la primera, que se autorice a las personas que pueden acceder y considera “conveniente dictar una instrucción clara sobre el funcionamiento de los archivos”; la segunda, que sea “imprescindible” documentar cualquier salida de documentación del archivo.
