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La Generalitat valorará el uso de los inmuebles del IVF antes de que sean vendidos

Manuel Illueca, con el conseller de Hacienda, Vicent Soler y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Laura Martínez

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El Institut Valencià de Finances (IVF) tendrá que mostrar antes a los distintos departamentos de la Generalitat valenciana los bienes o inmuebles de los que quiera desprenderse antes de su venta. El Pleno del Consell aprobó el viernes un decreto con el reglamento que desarrolla las políticas internas del Institut Valencià de Finances (IVF) y que permitirá a este organismo aplicar en su gestión interna mejores prácticas del sistema financiero, homologándolo a otros operadores del sistema bancario actual.

El nuevo reglamento prevé el derecho de tanteo en favor de la Generalitat Valenciana en la venta de aquellos activos que se hayan adjudicado como consecuencia de la ejecución de garantías en el marco de la actividad crediticia del Institut Valencià de Finances. En este sentido, el reglamento regula con detalle la gestión de los bienes que se adjudica el Institut Valencià de Finances como consecuencia de la reclamación de garantías en operaciones que resultan fallidas. El organismo que dirige Manuel Illueca tiene como objetivo devolver estos bienes al mercado y, para ello, el reglamento prevé los procedimientos, dando prioridad a la Administración Pública para adquirirlos. 

El banco de la Generalitat intentó vender 790 inmuebles -considerados activos tóxicos- de la Sociedad de Garantía Recíproca (Afín SGR) al haber fracasado la subasta del paquete y al no haber entidades financieras u otros gestores interesados. La Generalitat es accionista mayoritaria de la Sociedad de Garantía Recíproca desde que la rescató de la quiebra y el último recurso de la sociedad era la venta a un fondo buitre por 30 millones de euros. La operación fue paralizada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ante las quejas de Compromís al descubrir la operación. La secretaria autonómica de Haicenda, Clara Ferrando, presentó una queja formal exigiendo la paralización del proceso. Poco después, el departamento que dirige Mónica Oltra manifestó su interés por aprovechar algunos inmuebles para pisos sociales, bienes que necesita la Generalitat ante la alta demanda de viviendas de acogida o para familias de rentas bajas. Dos días y una reunión entre departamentos después, los inmuebles fueron vendidos al fondo buitre.

Hace apenas un par de semanas, el organismo dirigido por Illueca volvió a lanzar otro paquete de activos tóxicos con varios inmuebles. Esta vez, el departamento de Oltra 'rescató' algunos, entre ellos una guardería de grandes dimensiones para darle uso social a través de su consellería.

El nuevo decreto, que se aplica a toda la gestión que realiza el IVF, prevé que las ventas pasen por el filtro de la Administración Pública y se 'reciclen' en la medida de lo posible. El decreto regula desde el estudio y la concesión de operaciones, hasta su recuperación ante un eventual impago de los préstamos.

El decreto será válido el día después de su publicación e el boletín oficial. A partir de entonces, al estar su actividad crediticia sujeta al derecho privado, el IVF podrá  refinanciar las operaciones que concede del mismo modo que lo hacen las entidades financieras. Esto permitirá promover el este organismo como instrumento de política financiera de Consell e impulsar su actividad económica, apunta el comunicado de prensa. Además, el nuevo reglamento aborda también la gestión de préstamos impagados, aspecto que ejemplifica con claridad la necesidad de aplicar las mejores prácticas del sector financiero a la actividad interna del IVF.

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