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Batalla judicial entre la Generalitat Valenciana y las energéticas por el impuesto a la nuclear y contra las emisiones de CO2

La Conselleria de Hacienda ha ganado seis contenciosos de los 12 presentados por Iberdrola Generalidad Nuclear SA y  tiene previsto negarse al recurso de la Regasificadora de Sagunt SA sobre las liquidaciones del Impuesto sobre actividades que inciden en el Medio Ambiente

Un barco trabaja en la planta regasificadora de Sagunt.

Un barco trabaja en la planta regasificadora de Sagunt. EFE

La Generalitat Valenciana ingresó en 2019 22 millones de euros por el Impuesto sobre actividades que inciden en el Medio Ambiente (IIMA). Este tributo autonómico, que se instauró en 2012 en plena crisis económica, pretende gravar la alteración y el riesgo de deterioro sobre el entorno que ocasiona y afecta a muy pocas empresas que tienen grandes infraestructuras en la Comunitat Valenciana. Básicamente la central nuclear de Cofrentes y la planta regasificadora de Sagunto.

Desde hace varios años, las empresas que gestionan estas infraestructuras, Iberdrola Generalidad Nuclear SA pleitea con la Conselleria de Hacienda por las liquidaciones de este impuesto e intentan eliminarlo. De momento, la justicia ha dado la razón a la administración autonómica en todos los recursos presentados, seis de los 12 contenciosos a los que han recurrido las administraciones por las mercantiles afectadas.

La Regasificadora de Sagunt SA ha presentado un recurso de alzada antre la administración para evitar el pago del tributo que será rechazado por la Agencia Tributaria Valenciana. Fuentes de la empresa gasística no aclaran si tras la negativa acudirán al juzgado.

En 2019 la administración consigió un récord de reaudación con 22 millones de euros porque la central de Cofrentes realizó varias paradas técnicas. En 2018, los ingresos por este tributo fueron de 17 millones de euros. 

De momento, la justicia considera que el impuesto está bien planteado porque su función "no es meramente recaudatoria", como cesuran las empresas energéticas, "sino que pretende la desincentivación de determinadas actividades de producción de energía eléctrica que inciden desfavorablemente en el medio ambiente". Según la sección cuarta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en su sentencia de 14 de junio de 2019 y cuyo fallo se ha asumido posteriormente, el tributo prevé que los ingresos vayan destinados a mejoras medioambientales, permiten exenciones y priman energías que emitan menos CO2 o o generen menos residuos como los nucleares. 

La filial de Iberdrola considera el impuesto inconstitucional al considerar su finalidad "meramente recaudatoria al margen de su pretendida finalidad extrafiscal". Además, han apuntado en los diferentes procesos, "es un impuesto discriminatorion y quiebra el principio de generalidad al no gravar a todas las empresas por las actividades que incidan sobre el medio ambiente sino a unas muy concretas y determinadas".

Además, apunta en sus recursos, con el IIMA habría un solapamiento de tributos  con los locales Impuestos Sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los tributos estatales como es el impuestos especial sobre la electricidad vigente hasta 2014.

Entiende el tribubal que impuestos como el IAE "recae sobre el mero ejercicio de las actividades empresariales por los sujetos pasivos que las realizan, determinándose la cuota tributaria con arreglo a las tarifas aprobadas por el Gobierno y atendiénsose siempre al beneficio medio presunto de la actividad gravada". Por su parte, replica el tribunal, el IIMA "grava la alteración o riesgo de deterioro y riesgo que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos". 

Y añade: "Entre dichas actividades se grava no solo la producción de energía eléctrica, sino otras como la producción o tenencia de residuos o determinadas emisiones, siendo que, entre las exenciones tributarias, se encuentra la producción de energías solar o eólica o centrales que utilicen como combustible principal la biomasa o el biogás". 

Por su parte, Regasificadora de Sagunt SA entiende que por el trabajo que realiza en la planta no debería pagar más impuestos. "Ya tributamos por el gas en el mercado de la energía y abonamos otros tributos municipales y estatales", afirman.

La batalla legal continúa porque quedan siete recursos por fallarse. De momento, gana la Conselleria de Hacienda. 

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