El síndic de Greuges insta a fomentar el uso del valenciano y el PP presenta una iniciativa a favor del castellano
El deber de la Administración pública valenciana es proteger el valenciano y velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos. Figura en el Estatut d'Autonomía, en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià y este martes lo ha vuelto a recordar el Síndic de Greuges.
Artículo sexto del Estatut d'Autonomía. Punto primero: “La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano”. Punto tercero: “La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento”. Punto quinto: “Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano”.
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia, aprobada en 1983: “En el territorio de la Comunitat Valenciana todos los ciudadanos tienen derecho a dirigirse y relacionarse con la Generalitat, con los entes locales y demás de carácter público, en valenciano”. Con todo, el síndic major de Greuges, José Cholbi, ha recordado este martes en la Comisión de Peticiones estas obligaciones.
Durante su intervención en les Corts, Cholbi ha señalado que en 2016 la Sindicatura recibió 86 quejas de ciudadanos en esta materia, de las cuales la mayoría vienen referidas a las páginas web de ayuntamientos y otras instituciones, que excluyen u obvian el valenciano en sus comunicaciones. Ante estas quejas, ha recordado “la obligación de fomentar el uso del valenciano -en la Administración- de forma que sus páginas web sean bilingües, así como los folletos, publicaciones, etc”. Además, ha insistido en que debe ser efectiva la obligación de que los funcionarios encargados de la atención al público tengan conocimientos de valenciano “necesarios para atender con normalidad el servicio que tienen encomendado”.
Un piso por encima y con escasos minutos de antelación, la portavoz adjunta del PP, María José Catalá, anunciaba entre otras medidas que el Grupo Popular presentará una PNL “en defensa de los derechos lingüísticos”. De los derechos de quienes hablan castellano, ya que la proposición va encaminada impugnar el modelo plurilingüe que intenta implantar el Consell en las escuelas. Català ha recordado que el lunes terminó el periodo de admisión de centros escolares. “Estamos en un momento de caos educativo provocado por la cabezonería del conseller Marzà”, ha criticado. Unos lo llaman “chantaje lingüístico”, otros, garantía de derechos.
